Qué pasa hoy en Córdoba con los delitos, los limpiavidrios y los búnkers narcos

La seguridad en la provincia de Córdoba atraviesa un período de reconfiguración marcado por la difusión de estadísticas oficiales, la implementación de reformas operativas en la capital y el envío de nuevas herramientas legislativas. En este escenario, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, habló con Marca Informativa y repasó los ejes de la gestión y los resultados de las políticas aplicadas en articulación con el municipio capitalino y las fuerzas federales.

El balance estadístico: los números del SNIC

El primer indicador de relevancia institucional surge del último informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), el organismo que unifica las estadísticas delictivas de todo el país. Para el territorio cordobés, el balance consolidado arrojó variaciones en baja en los rubros de mayor impacto social.

Al respecto, Quinteros señaló que “los datos del Sistema Nacional de Información Criminal confirman algo que venimos sosteniendo desde hace tiempo, cuando hay decisión política, inversión, eficiencia y presencia del Estado, los resultados llegan”. Según el desglose oficial, “Córdoba cerró 2025 con una reducción del 18,2% en los homicidios dolosos y del 26,2% en los robos”.

Para la cartera de Seguridad, estas planillas representan un alivio técnico, aunque desde el plano político se intenta evitar el exitismo discursivo. “Son cifras importantes porque detrás de cada porcentaje hay vecinos que viven más tranquilos, familias que recuperan seguridad y barrios que empiezan a recuperar espacios que durante mucho tiempo estuvieron condicionados por distintas formas de violencia y desorden”, afirmó el funcionario, quien inmediatamente matizó la lectura cuantitativa: “Pero nosotros entendemos que la seguridad no se mide únicamente por la cantidad de delitos y centrada en datos estadísticos. También se mide por la capacidad del Estado para garantizar la convivencia, recuperar el espacio público y hacer que la gente vuelva a sentirse dueña de su barrio”.

Control urbano: la salida de los limpiavidrios y el nuevo estacionamiento

El segundo eje se observa de manera directa en las calles de la ciudad de Córdoba. La reciente digitalización y el nuevo esquema de estacionamiento medido municipal, combinados con una aplicación más estricta del Código de Convivencia, alteraron la fisonomía de los principales corredores y esquinas céntricas, donde la permanencia de cuidacoches y limpiavidrios ha disminuido de forma notable tras sucesivos operativos interfuerzas.

Para explicar este cambio en el ordenamiento urbano, el ministro detalló: “Impulsamos una estrategia integral que combina más tecnología, más equipamiento, más prevención y más presencia policial, pero también herramientas concretas para intervenir sobre situaciones que afectan la vida cotidiana de los cordobeses”.

En lo que respecta a la articulación con el Palacio 6 de Julio, Quinteros precisó que se trabajó “en la aplicación del nuevo Código de Convivencia y en los controles vinculados a la regulación del estacionamiento medido”. Respecto del impacto operativo, reveló que “a un mes de su implementación, más de 330 cuidacoches y limpiavidrios fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia”.

El ministro remarcó la línea doctrinaria del área al sostener que “no se trata de perseguir personas, sino de recuperar el orden, garantizar reglas claras y proteger a quienes circulan, trabajan o desarrollan actividades comerciales en la ciudad”.

Desde la perspectiva oficial, la intervención en el espacio público rinde dividendos directos en la prevención general: “Los datos son contundentes. En distintos sectores donde históricamente existían conflictos vinculados a la presencia de cuidacoches y limpiavidrios, hoy observamos una disminución significativa de esas situaciones. Eso se traduce en más tranquilidad para vecinos, comerciantes y visitantes. Recuperar el espacio público también es hacer seguridad”.

Ofensiva contra el narcomenudeo: la Ley Antibúnker

El tercer aspecto de la agenda de seguridad se concentra en el plano legislativo y el combate al narcotráfico de escala barrial, una problemática que derrama violencia hacia el resto de la estructura delictiva de los centros urbanos. En este apartado, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) mantiene los despliegues operativos, mientras se aguarda el tratamiento del proyecto de ley enviado por el gobernador Martín Llaryora: la denominada Ley Antibúnker y Antiaguantaderos.

Esta iniciativa busca dotar a la Justicia y a las fuerzas de seguridad de mecanismos ágiles para intervenir, clausurar y decomisar de forma acelerada aquellos inmuebles que son utilizados como puntos de venta de estupefacientes o refugio de bandas criminales, acortando los plazos procesales tradicionales.

“Seguimos avanzando con una agenda firme de lucha contra el narcotráfico. La Fuerza Policial Antinarcotráfico mantiene una actividad sostenida en toda la provincia, con procedimientos permanentes, cierre de puntos de venta y secuestros históricos de cocaína y marihuana”, enumeró Quinteros, vinculando el narcomenudeo con el delito común al señalar que “detrás del narcomenudeo muchas veces se consolidan otras formas de violencia que terminan afectando la convivencia en los barrios”.

Sobre la herramienta legal enviada a la Legislatura, el ministro puntualizó: “Por eso el gobernador Martín Llaryora impulsó la Ley Antibúnker y Antiaguantaderos. Esta herramienta permitirá actuar de manera más rápida y efectiva sobre inmuebles utilizados para la venta de drogas, el ocultamiento de delincuentes o el desarrollo de actividades criminales”. En ese sentido, concluyó que “no alcanza con detener a quienes delinquen; también hay que recuperar los espacios físicos desde donde se organiza y se sostiene el delito”.

La articulación de la estrategia

En el cierre de su análisis, el titular de la cartera de Seguridad enfatizó que la reducción de homicidios, la baja de los robos, la recuperación del espacio público, el combate al narcotráfico y la incorporación de nuevas herramientas legales no operan de forma aislada, sino que responden a componentes de una misma planificación estructural.

La viabilidad del plan a mediano plazo dependerá de sostener la tendencia a la baja en un contexto socioeconómico complejo. Al respecto, Quinteros concluyó que el objetivo final apunta a “que el Estado llegue antes que el delito, que prevenga más de lo que reacciona y que los vecinos vuelvan a ganar terreno donde durante demasiado tiempo lo había ganado la violencia, el desorden o la impunidad. Ese es el camino que estamos recorriendo en Córdoba y los resultados muestran que vamos en la dirección correcta”.