Córdoba y el etanol de maíz, los más perjudicados por el freno a la ley de biocombustibles
La normativa propone aumentar el corte tanto en gasoil como en naftas. El proyecto, que cuenta con media sanción del Senado, fue arrastrado por la puja del sector del biodiésel. Hay temor de que se vuelva a frustrar la aprobación, como en 2025. ¿Cuáles son las posibles salidas? ¿Por qué la provincia es la que más pierde con esta disputa ajena?

Por Diario Puntal
El freno a la ley de biocombustibles en la Cámara de Diputados es un golpe certero a la industria del etanol de maíz y a Córdoba en particular. Ninguna otra provincia ni ningún otro sector se perjudica más por esta nueva demora en la aprobación del marco normativo que promueve un incremento de los cortes renovables en los combustibles fósiles.
En términos generales, la iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado -fue presentada por Patricia Bullrich del oficialismo- lleva el corte del 7,5% al 10% para el biodiésel en gasoil, y del 12% al 15% para el etanol en naftas.
En este último capítulo no hay controversias. El freno en Diputados está asociado a la disputa al interior del biodiésel. Allí hay dos sectores bien definidos: las integradas, que son las grandes empresas que hasta aquí producían para exportar; y las no integradas, que son pymes que abastecían al mercado interno.
El proyecto en debate establece que a partir de los 12 meses de su entrada en vigencia, los dos sectores comenzarán a compartir el mercado interno y fija porcentajes para cada uno: 6,5% para las pymes y 3,5% para las grandes. Eso prevé una evolución hasta el último día de 2035 que finaliza con 4% para las pymes y 6% para las integradas. Ahí se centró la discusión porque las pequeñas no quieren pasar de abastecer el 7,5% del mercado del gasoil al 4% en 10 años.
Vale destacar que las pymes aceiteras están radicadas mayormente en Buenos Aires y La Pampa y de allí fueron los diputados que presionaron para introducir cambios al proyecto. La respuesta del oficialismo fue un “no” rotundo. Por eso no hubo dictamen y se paralizó el tratamiento.
Entre los legisladores que propiciaban cambios estaba Cristian Ritondo, del PRO, pero también algunos de Unión por la Patria. Pero el nombre que más circuló por esas horas fue el de Juan Carlos Bojanich, el empresario bahiense que lidera el Grupo Bahía Energía que a su vez es propietario de al menos 6 pymes aceiteras que en los últimos meses abastecieron casi el 30% del biodiésel necesario para el mercado interno. Es un jugador clave en el entramado del biodiésel que resiste los cambios tal como están.
Pero mientras esto ocurre en el sector del biodiésel, en el etanol hay un acuerdo pleno para los cambios que propone la normativa. Sin embargo, la ley es una e incluye a las dos ramas. Si no hay avances en el biodiésel, no avanzará tampoco el etanol.
En ese punto, el presidente de Bio4, Manuel Ron, se quejó porque entiende que lo que ocurrió en Diputados “es una foto bien típica de lo que pasa en la Argentina en muchísimos sectores. Un lobby chiquito que no va a traer nuevas inversiones, que no va a generar nada, traba el desarrollo de sectores potentes”, dijo el empresario.
Por eso es que el sector, y Córdoba en particular, se siente rehén. La disputa en el biodiésel no es nueva y se venía insinuando hace tiempo. Por eso entre los actores del etanol, que también reconoce dos actores, los que producen a partir de maíz y los que lo hacen a partir de caña de azúcar, insinuaron una jugada estratégica que, con el diario del lunes, hubiese sido acertada: separar en dos proyectos la ley de biocombustibles y dejar de un lado al biodiésel y del otro el etanol.
Hay actores que no descartan intentar esto aún con el proyecto en pleno tratamiento. “Se podría pensar en que se apruebe en Diputados el capítulo de etanol y se siga debatiendo luego el de biodiésel”, explicó una fuente a este diario. Otros protagonistas lo ven más difícil: “En el biodiésel se abrazan al etanol para que salga todo junto y presionar. Lamentablemente estamos en el mismo barro, a la espera de un acuerdo entre las pymes aceiteras y las integradas”, apuntó otra fuente sectorial.
¿Por qué Córdoba y el etanol de maíz es el más perjudicado? Básicamente porque son quienes tienen más por crecer y de manera rápida a partir de la aprobación de la nueva normativa. Ese crecimiento implica también inversiones, empleo y desarrollo. Y como Córdoba es la principal productora de maíz, una materia prima abundante que en su gran mayoría se exporta en grano, tiene allí terreno para agregar valor y transformar ese grano en biocombustible para los surtidores, burlanda seca y húmeda para alimento animal, además de aceite de maíz y otros derivados.
Víctor Accastello, vicepresidente Ejecutivo de AcaBio le puso números a las posibilidades que hay por delante: “Diría que hay unos 500.000 a 600.000 metros cúbicos por sumar en un horizonte de entre 5 y 7 años”.
La cuenta del directivo se fundamenta en 4 pilares: actualmente se cubre a lo largo del año un corte estimado del 13,5% que debería crecer al 15% con la normativa. Eso agregaría unos 150 mil metros cúbicos. Luego se agrega un mayor corte voluntario que prevé la normativa por encima del 15% y que además le da facultad a las provincias para impulsarlo en sus territorios. Córdoba tiene decidido avanzar en ese sendero.
Luego se agrega el crecimiento vegetativo de motores que se da año tras año y el mercado externo, donde se mira a Brasil, que es un gran productor pero que suele llevar el corte por encima de las posibilidades de abastecerlo como incentivo fuerte a las inversiones; y Chile, que por ahora está sin corte de biocombustibles, pero se da por descontado que avanzará en ese camino.
Con 500 mil o 600 mil metros cúbicos adicionales en el horizonte, harían falta unas 4 o 5 plantas nuevas de bioetanol. O combinar algunas nuevas con expansiones de las existentes. Y sin dudas que un lugar de radicación posible es Córdoba porque tiene las condiciones básicas necesarias en algunas de sus regiones: gas natural; abundante maíz en cercanía; recursos humanos y universidades para la formación de profesionales y técnicos; buena conectividad vial; una ley de promoción industrial que da ventajas para la radicación de industrias y un respaldo del sector público que se muestra como facilitador del desarrollo del sector.
Respecto a la materia prima es importante un dato: para producir 500 mil metros cúbicos más de bioetanol serán necesarias 1.250.000 toneladas adicionales de maíz. Según los datos de la Bolsa de Cereales de Córdoba, la provincia cerró la última campaña con 26 millones de toneladas de maíz.
Hay también otro dato que aporta Juan Cano, gerente general de Promaíz, la planta de Alejandro Roca, que no pasa desapercibido para el sector: “Lo que hoy vendemos como cupo voluntario, que es el que va del 12% obligatorio al 15% que están cortando las petroleras, es con un precio menor al fijado por la Secretaría de Energía”.
Es que a partir de una Resolución de Energía, se permitió a las petroleras aumentar voluntariamente 3 puntos el corte obligatorio y pasar del 12 al 15 por ciento. Entonces, más allá de que la ley establece un mandato mínimo, en los surtidores hay algo más de etanol. Pero por ese plus las etanoleras reciben un pago menor.
Allí también es importante destacar que el plus es entregado por las plantas de Córdoba: Bio4, AcaBio y Promaíz.
Finalmente Ron también describió lo que la nueva normativa puede impulsar y lo que está frenando el tránsito en Diputados: “Con la nueva ley puede haber autos que funcionen al 100% de etanol, estaciones de servicio que expandan etanol al 100%, que se desarrolle una industria de la transición energética alrededor del etanol, de la competitividad y de la la producción de escala en el interior que transforman cientos de miles de toneladas de maíz. O sea, todo eso está del otro lado. Pero es increíble que nadie lo ponga arriba de la mesa en estos términos”, remarcó el presidente de Bio4.
Sin embargo, los empresarios del etanol creen que no todo está perdido. De hecho, hay negociaciones abiertas para alcanzar un acuerdo en el sector del biodiésel. Ritondo propuso ampliar el corte previsto del 10% al 11% y darle ese punto adicional a las pymes aceiteras, que ya habrían dado el visto bueno. Pero el obstáculo allí es el oficialismo, que no quiere cambios sobre lo aprobado en el Senado.