Advierten que la reforma penal por “falsas denuncias” busca silenciar a las víctimas y profundizar el vaciamiento de políticas de género
La Comisión de Géneros y Diversidad del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, presidida por la legisladora Soledad Zarazaga (Hacemos Unidos por Córdoba), continuó analizando este martes una toma de posición institucional frente a una iniciativa presentada en el Congreso de la Nación que busca modificar el Código Penal en materia de falsas denuncias por violencia de género.
Para profundizar el análisis y ampliar el espectro de consultas a especialistas, se convocó como invitada a la abogada Romina Scocozza, coordinadora de la Unidad Central de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
En su exposición, Scocozza expresó la profunda preocupación institucional que existe frente al desfinanciamiento y vaciamiento sistemático de las políticas públicas de prevención y asistencia que se ejecuta a nivel nacional, combinadas ahora con un intento de tipificación penal que busca desincentivar los reclamos.
“Hace 20 años que el Estado nos animó a las mujeres a denunciar y ahora pretenden penalizar las denuncias y disuadir a las víctimas. Hay personas que ya no denuncian porque no saben si terminarán con una acción penal en su contra. Es algo profundamente grave”, evaluó la especialista de la UNC.
Desfinanciamiento nacional y un retroceso histórico
Durante la reunión de comisión, se remarcó el fuerte impacto que el ajuste y desmantelamiento de las partidas nacionales está provocando en la infraestructura básica de contención a las víctimas de violencia.
“Sigue habiendo una fuerte estigmatización sobre las víctimas que se animan a hablar, y hoy estamos frente a una avanzada de prácticas negacionistas y de silencio. Es un retroceso que no podemos permitir. Hoy, llamar a la Línea 144 es una penuria: directamente no hay quién atienda”, graficó Scocozza para evidenciar la parálisis de los recursos estatales de alcance federal.
Respecto a los argumentos que sostienen el proyecto en el Senado nacional, la abogada subrayó que no existe ninguna evidencia empírica que demuestre la proliferación de denuncias falsas, sino que la realidad muestra el fenómeno opuesto.
“No hay denuncias falsas, lo que faltan son denuncias”, aseveró, en referencia a la histórica falta de receptividad institucional por parte del Estado ante los planteos de quienes sufren violencia machista.
El principio de inocencia y la posición de la Comisión
Finalmente, la coordinadora de la UNC tildó de falacia la postura negacionista que sostiene que la falta de una condena penal al agresor implica automáticamente que la denuncia inicial fue falsa.
“En ningún momento pusimos en duda las garantías constitucionales del debido proceso ni el derecho a la defensa de quienes son denunciados”, remarcó, diferenciando la falta de pruebas en un proceso judicial del dolo de una acusación deliberadamente inventada.
La Comisión de Géneros y Diversidad del Concejo capitalino busca consensuar un documento formal que exprese la postura del cuerpo legislativo cordobés frente al proyecto de ley que se debate en el Congreso nacional, aunque los bloques continúan negociando el texto definitivo de la declaración.
