Nuevas identificaciones en La Perla: la Justicia confirmó la identidad de ocho desaparecidos
El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba confirmó este viernes la identificación de ocho personas que permanecían desaparecidas desde la última dictadura militar, cuyos restos fueron recuperados en la zona conocida como Loma del Torito, predio aledaño al ex centro clandestino de detención La Perla. Con estos resultados, alcanzados a partir de las tareas arqueológicas y científicas que realiza el Equipo Argentino de Antropología Forense, asciende a 38 el número total de víctimas reconocidas desde que comenzaron las excavaciones en los terrenos de la Guarnición Militar de La Calera.
El anuncio oficial se realizó desde las 9 en la sede de los Tribunales Federales de Córdoba, en una conferencia de prensa encabezada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, junto a familiares de los damnificados y representantes de organismos de derechos humanos. Durante la presentación, el magistrado remarcó cómo la tecnología genética logró derribar las maniobras desplegadas por el régimen militar para borrar evidencias antes de la inspección internacional de 1979. “En el año 1979, antes de la visita de la CIDH, los militares con palas mecánicas y camiones se llevaron los restos pensando que así tapaban los crímenes. Pero hoy la tecnología de identificación de ADN de pequeños restos óseos ha dado por tierra con esos plans”, afirmó Vaca Narvaja.
Las ocho personas reconocidas en esta oportunidad fueron secuestradas a lo largo de 1976 y corresponden a cuatro mujeres y cuatro hombres con trayectorias laborales, académicas y de militancia social en la provincia. A esa nómina se agrega el caso de Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau, cuya identificación había sido confirmada en agosto de este año y cuyos familiares también formaron parte del acto público.
Las personas identificadas son:
Néstor Albino Acosta Ludueña: trabajador ferroviario de la línea Mitre, estudiante de Arquitectura en la UNC y referente gremial, secuestrado el 16 de junio de 1976 a los 20 años en barrio Talleres Sud.
Pascual Delfín Ludueña Leyva: obrero de FIAT Concord, delegado sindical y socio del Club Belgrano, secuestrado el 24 de marzo de 1976 a los 29 años en barrio Patricios.
Claudio Norberto Nardini Lambir: empleado de SanCor con actividad gremial, secuestrado el 23 de abril de 1976 a los 34 años en su casa sobre el camino a Monte Cristo.
Cecilia Alicia Pessina Libro de Ávila: psicóloga egresada de la UNC, profesora de piano y militante de OCPO, secuestrada el 14 de agosto de 1976 a los 27 años en barrio Alto Alberdi en presencia de su hija pequeña.
Mónica Protti Tamintti de Guillén: maestra normal, estudiante de Medicina en la UNC y militante del Partido Comunista, secuestrada el 21 de septiembre de 1976 a los 24 años en barrio Villa Belgrano junto a su compañero.
Mercedes del Valle Ramírez Agüero: estudiante secundaria del Colegio Juan Larrea y empleada en un comercio de lanas, secuestrada el 3 de julio de 1976 a los 22 años.
María Luisa Salto Segovia: estudiante de tercer año de Medicina en la UNC y militante de la JUP, secuestrada en la vía pública el 28 de julio de 1976 a los 20 años.
Juan Carlos Soulier Guillén: electricista, estudiante de Ingeniería en Construcciones en la UTN y militante de los Comandos Populares de Liberación y FAL 22, secuestrado a los 23 años el 15 de agosto de 1976 en barrio Villa Páez junto a su esposa y su bebé de cinco meses.
Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau: trabajador de Ika-Renault, estudiante de Psicología en la UNC y militante del PRT, secuestrado el 5 de mayo de 1976 a los 22 años en barrio Alberdi.
Los trabajos periciales desarrollados por el EAAF contaron con la colaboración del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto y el geólogo Guillermo Sagripanti. Además de la identificación de restos desarticulados, los estudios permitieron constatar el funcionamiento del aparato represivo en la zona con anterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Al reflexionar sobre el significado de las restituciones para las familias y la reconstrucción histórica de la provincia, el titular del Juzgado Federal N° 3 subrayó la importancia de poner fin a la incertidumbre de las familias. “Esto nos permite saber con certeza que la persona desaparecida estuvo ahí, está identificada, y con esto terminamos con una de las secuelas más terroríficas de la dictadura: la desaparición forzada de personas”, sostuvo el juez. Tanto desde la Justicia como desde los organismos se renovó el llamado urgente a familiares de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 para que aporten muestras de sangre y permitan avanzar en la identificación de nuevos hallazgos.
