Jury contra los fiscales: la defensa insiste en que «la pista Bárzola no era visible ni posible»

En la recta final del Jury de Enjuiciamiento, este miércoles a las 8:30 comenzaron los alegatos en la Legislatura, en un clima de expectativa por el veredicto final. Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro están acusados de presunto mal desempeño por el caso Nora Dalmasso. Se aguardan las últimas palabras de los acusados antes de la deliberación del jurado, cuyo fallo se conocerá en las próximas horas.

La fiscal General Adjunta de Córdoba, Bettina Croppi, pidió la destitución de los tres fiscales al considerar acreditadas las irregularidades en la investigación. Durante su exposición, remarcó que el proceso es “inédito” en la Justicia provincial y sostuvo que, a partir de lo escuchado y probado, las circunstancias que fundamentan la acusación quedaron debidamente demostradas. No obstante, aclaró que una eventual destitución no implica imputación ni condena penal.

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El tribunal encargado de resolver está integrado por la presidenta Julieta Rinaldi, los legisladores Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert, junto a la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti. Este cuerpo deberá determinar si existieron fallas graves en la actuación de los fiscales durante la investigación de uno de los casos más resonantes de la provincia.

En su alegato, Croppi puso el foco en las primeras horas de la investigación, señalando falencias en la recolección de pruebas y en la construcción de hipótesis. Recordó que inicialmente se sostuvo que Dalmasso había sido asesinada por un amante, sin considerar otras posibilidades como una relación no consentida. Además, cuestionó el accionar del fiscal Di Santo, quien, según indicó, centró gran parte de los testimonios en indagar sobre un supuesto vínculo extramatrimonial, en una escena que describió como desordenada y con múltiples personas circulando dentro de la vivienda.

La defensa de Miralles aseguró que se lesionó el derecho de la defensa

Durante la tarde fue el turno de uno de los defensores de Daniel Miralles, Guillermo Fernández. El letrado manifestó sentirse sorprendido por la acusación de Croppi contra su defendido y dejó en claro que esa imputación se enfunda «en lo que hoy se sabe, bien o mal, sobre Bárzola».

Fernández sostuvo que le causó sorpresa que la fiscal General Adjunta se expresara «con tremenda contundencia y certeza» sobre la culpabilidad de Bárzola, considerando que Croppi pretendió desde un principio construir esa imputación «como una obviedad».

Ante la acusación de la fiscal General Adjunta de la ausencia de perspectiva de género en la investigación y del debate por el consentimiento de la víctima, el abogado de Miralles aseguró creer que esas cuestiones no se corresponden con la acusación, «que lesiona el derecho de defensa y, por lo tanto, no pueden ni siquiera ser consideradas». 

En otro pasaje de su alocución, el defensor se refirió a la actuación en el caso del Fiscal General de ese momento Gustavo Vidal Lascano, sobre quien aseguró que la muestra acredita que supervisó y dio directivas específicas sobre la instrucción. En ese sentido, Fernández añadió que Javier Di Santo, «no podía discutir la actuación de un superior», por lo que «en ningún momento, el Fiscal General visualizó que la investigación debiera dirigirse hacia Bárzola», trasladando de esta manera la culpabilidad sobre la máxima autoridad judicial de la provincia.

Por último, dejó en claro que durante la actuación de Miralles «la pista Bárzola no era visible ni posible con los elementos reunidos».

El otro defensor de Miralles, Emilio Andruet, argumentó que el fiscal tuvo que imputar a Marcelo Macarrón porque tenía «elementos suficientes para hacerlo» y que, de no acusarlo, le habrían realizado un jury por mal desempeño.

Al igual que Fernández, Andruet aseguró que Vidal Lascano había intervenido en la causa y que claramente «omitió algo». El abogado también sostuvo que Croppi «se olvidó del triunvirato que se formó a partir de la disposición de la Fiscalía General en noviembre del 2006, porque si ellos actuaron mal, acá no debería haber más gente».

Para la defensa de Pizarro, nunca hubo una desatención sobre Bárzola

Carlos Pajtman, representante legal de Luis Pizarro, volvió a rechazar la acusación de Croppi y manifestó tajantemente que los abogados «no defendemos de opiniones, no defendemos de supuestos, nos defendemos de hechos», refiriéndose a la participación de Bárzola en el crimen y su presunta autoría. En ese punto coincidió con el letrado Fernández sobre la violación de la garantía de la defensa.

El defensor de Pizarro argumentó que la acusación de la Fiscal General Adjunta no tiene asidero, alegando que Croppi «no explica muy bien cómo es esa desatención, en qué consiste, en qué tiempo, en qué parte de este expediente y cómo se hizo», porque para la defensa «no existió esa desatención».

Por último, Pajtman repudia la comparación de la actuación de Pizarro y la de Pablo Jávega en la causa, aludiendo que esa equiparación «tampoco nos lleva a nada, porque comparar lo incomparable no tiene noción jurídica».

Luego el mismo fiscal Pizarro fue quien pidió el derecho a réplica, donde rechazó la relevancia del informe del FBI y lo consideró un «cachivache», alegando que ese documento fue hecho «de compromiso» y que no aportó nada a la investigación.

Croppi respondió a las acusaciones e insistió en la destitución de los fiscales

Más tarde, la Fiscal General Adjunta Betina Croppi respondió a la acusación de Pajtman y alegó que la tarea «de los representantes del Ministerio Publico Fiscal es justamente esa, la de emitir piniones y en esta causa el Ministerio Publico Fiscal emitió opinión cuando los acusó».

Ante la acusación de imparcialidad por parte de la defensa de los fiscales, Croppi argumentó que la «imparcialidad de actuación es sólo exigible a los jueces, los miembros del Ministro Publico Fiscal no debemos ser imparciales y no lo somos porque somos una parte del proceso», agregando que a quienes ejercen su función se le deben exigir «objetividad y lealtad procesal». La funcionaria detalló que este último punto se caracteriza por que las «conclusiones tienen que estar conforme a los argumentos y a la prueba reunida».

La Fiscal General también impugnó la acusación de la defensa de los fiscales y señaló que la Fiscalía General «en ningún momento pretendió hacer una defensa de la forma de actuar del fiscal Jávega». Además, señaló que no hubo «prejuicio clasista» en sostener que Bárzola tenía que ser investigado, ya que fue una de las personas que estuvo en el domicilio del crimen.

Por último, Croppi rechazó que la cuestión de género no haya estado desde un principio en la acusación contra los fiscales. «No es cierto, les recomiendo la lectura de la acusación, que en un gran párrafo se refiere sobre la falta de apertura de género en el modo en que se condujo la investigación», sostuvo.