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noviembre 18, 2026
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Con luz verde del oficialismo, Córdoba aprobó la nueva concesión del ITV por 10 años y se vienen tres empresas operadoras

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó en segunda lectura, y tras atravesar el proceso de audiencia pública, el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional destinada a adjudicar la Concesión del Servicio de Inspección Técnica Vehicular (ITV) por un plazo de 10 años.

El proyecto salió adelante gracias a los votos del oficialismo, mientras que los bloques de la UCR, Frente Cívico y el PO-FITU votaron en contra. En tanto, los ediles Verónica Garade Panetta, Soher El Sukaria y Jessica Rovetto Yapur optaron por la abstención, reflejando la fuerte polarización en torno al futuro del sistema en la ciudad.

Los argumentos del oficialismo

Al fundamentar la iniciativa, el concejal Marcos Vázquez (HUC) defendió la continuidad y modernización del sistema, al señalar que la inspección “no es simplemente un trámite administrativo o de obligación de los automovilistas sino una política de prevención”.

Como ejemplo, el edil trajo a colación el reciente siniestro vial protagonizado por un tráiler en la avenida Circunvalación, al sostener que “es del tipo de siniestros que se pueden evitar si se realiza la ITV”. En esa línea, remarcó que cada vehículo en condiciones adecuadas representa “un riesgo menos en nuestras calles”.

Asimismo, Vázquez adelantó que el nuevo pliego establece mayores exigencias tecnológicas y técnicas, incorporando además auditorías periódicas orientadas a fortalecer la transparencia y la capacidad de control del Municipio frente al esquema que contemplará hasta tres empresas concesionarias.

Las críticas de la oposición

Desde la vereda opositora, la concejal Elisa Caffaratti (UCR) expuso un posicionamiento crítico y detalló que contaban con un proyecto alternativo. Según la edila, “la discusión de fondo era la del modelo de ITV necesario para la ciudad”, pero lamentó que el debate no se diera y que el nuevo pliego se limite a repetir el esquema anterior.

Las propuestas de la UCR apuntaban a descentralizar el servicio habilitando talleres particulares en distintos barrios, además de modificar la periodicidad de los controles para que inicien a los tres años de antigüedad del rodado y se repitan de forma bianual, replicando modelos vigentes en CABA y Mendoza.

Por su parte, la concejal Cintia Frencia (FIT-U) fue aún más tajante al cuestionar el impacto socioeconómico del servicio. Según su visión, la ITV “no redujo la accidentología vial en la ciudad, tiene un carácter regresivo y se ha montado un gran negocio para la concesionaria”. Frencia advirtió además que los sectores de menores recursos, como los motociclistas, quedan marginados del sistema porque “sus dueños no pueden afrontarla”, y concluyó que el control vehicular debería estar a cargo del Estado y ser de carácter gratuito, dado que los vecinos ya tributan tasas municipales.