Alivio para miles de familias: intiman a PAMI e Incluir Salud a cubrir los tratamientos por discapacidad
La Justicia Federal dio un paso clave para destrabar la crítica situación que atraviesan miles de personas con discapacidad en todo el país. El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba notificó formalmente al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, advirtiéndole que debe cumplir de manera urgente con un fallo que ordena regularizar los pagos y garantizar la cobertura médica, farmacológica y asistencial de los beneficiarios.
La medida del juez Hugo Vaca Narvaja hace lugar a un amparo colectivo impulsado por la abogada cordobesa Marta Lastra, referente del espacio Defendamos Córdoba. Con esta notificación formal al despacho del ministro, comienzan a correr los plazos legales para que el Gobierno nacional reactive el financiamiento de los programas PAMI e Incluir Salud, ambos bajo la órbita de la cartera sanitaria nacional.
El conflicto se originó por el fuerte freno en las partidas presupuestarias: según el expediente, el Estado nacional mantiene cortados los pagos a los prestadores desde el pasado mes de diciembre. Esta situación arrastró a un combo de deudas que dejó al borde del colapso a sectores esenciales.
“Esto significa que PAMI e Incluir Salud deben pagarles ya mismo a los profesionales, a los transportistas y a las instituciones como hogares, centros de día y escuelas especiales, además de las farmacias que siguen entregando medicamentos y pañales sin cobrar”, detalló la abogada Marta Lastra.
El fallo judicial, emitido originalmente el 23 de junio, fue categórico. Dispone que el Gobierno debe cancelar de inmediato todas las facturas pendientes acumuladas hasta la fecha y, además, le prohíbe explícitamente volver a incurrir en demoras con las facturaciones futuras. Un dato clave de la resolución es que tiene “efecto expansivo”, lo que significa que el beneficio y la protección legal alcanzan a todo el colectivo de personas con discapacidad afectado, y no solo a quienes firmaron la demanda inicial.
La resolución judicial deja contra las cuerdas a los funcionarios nacionales. De mantener la postura de no girar los fondos para el sector, el ministro de Salud y las autoridades de las obras sociales estatales podrían incurrir en el delito penal de desobediencia a una orden judicial, sumado a futuras demandas civiles por los daños y perjuicios ocasionados en la salud de los pacientes.
