Frente parlamentario transversal busca prorrogar la Emergencia en Discapacidad hasta fines de 2027
Un amplio abanico de sectores de la oposición presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para extender la vigencia de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa, impulsada por los diputados Natalia de la Sota y Juan Marino, cuenta con el acompañamiento de legisladores de bloques como Unión por la Patria, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Innovación Federal, Frente de Izquierda, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Primero San Luis. La propuesta busca evitar que la norma expire a fines de 2026 y que un posible vacío legal deje desprotegidas a miles de familias en todo el país.
El texto legislativo, deliberadamente breve, consta de tres artículos clave que buscan asegurar la continuidad de los efectos de la Ley 27.793 en todo el territorio nacional, aplicando sus disposiciones desde el 1° de enero de 2027 sin importar retrasos en su promulgación. Entre sus fundamentos principales, los autores advierten sobre la crítica situación de los pagos del programa Incluir Salud, los cuales acumulan meses de atraso y colocan al borde del cierre a transportistas, escuelas especiales, centros terapéuticos, centros de día y hogares. Además, alertan por la falta de entrega de insumos esenciales como pañales y medicación, sumado a una lista de espera de más de 200.000 personas que aguardan el otorgamiento de una pensión no contributiva.
La urgencia del tratamiento parlamentario radica también en el calendario del Congreso, ya que la emergencia actual vence el 31 de diciembre de 2026 y el período de sesiones ordinarias concluye el 30 de noviembre. Tras un complejo recorrido signado por vetos, fallos judiciales y la reciente disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la iniciativa parlamentaria busca ratificar una conquista histórica del colectivo de personas con discapacidad, asegurando las reasignaciones presupuestarias necesarias para que el Estado cumpla de manera efectiva con los compromisos constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.
