Narcocriminalidad: Córdoba y Buenos Aires conforman una mesa de trabajo conjunta y refuerzan la coordinación operativa

Frente a un delito que muta constantemente, trasciende límites geograficos y desafía la soberanía de las instituciones, la cooperación entre provincias se ha vuelto una herramienta indispensable de supervivencia democrática. En este escenario, el ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba, Julián López, y su par de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, encabezaron el Encuentro Interjurisdiccional de Justicia y Lucha contra la Narcocriminalidad, un hito político y operativo destinado a blindar los territorios frente al narcomenudeo y las redes criminales complejas.

Del cónclave, del que también formó parte la secretaria general de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández, emergió una definición central: «No hay límites geográficos para el delito», tal como advirtió López al señalar que las organizaciones delictivas operan bajo tejidos y redes interprovinciales que exigen una respuesta simétrica y coordinada de los Estados provinciales.

El flagelo de la narcocriminalidad y el imperativo de combatirla

El narcotráfico y el narcomenudeo no solo representan un delito contra la salud pública, sino que constituyen una amenaza directa a la paz social, la institucionalidad y el desarrollo de las comunidades. Históricamente, las organizaciones criminales han sabido aprovechar los vacíos jurisdiccionales, las asimetrías legales entre provincias y la falta de intercomunicación entre las fuerzas de seguridad para instalarse, cooptar economías locales y corrompear el tejido social.

Combatir este flagelo requiere entender que la delincuencia organizada actúa con una velocidad logística y financiera muy superior a la burocracia estatal. Como señaló el ministro bonaerense Javier Alonso durante el encuentro: «No puede ser que los criminales estén más organizados que los Estados», sentenciando que la policía sola, la justicia sola o una provincia aislada ya no tienen capacidad de respuesta frente a clanes que operan a escala nacional e internacional. La única forma de desactivar estas estructuras es cortando sus cadenas de mando, compartiendo inteligencia criminal en tiempo real y blindando los sistemas carcelarios para evitar que los líderes operen desde el interior de las prisiones.

Una mesa operativa y un modelo de articulación

Como resultado concreto del encuentro, se resolvió la conformación de una mesa de trabajo con base en la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba. Este espacio integrará a cuadros de la FPA, del Servicio Penitenciario cordobés y del Ministerio de Justicia provincial, junto con la cúpula de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y autoridades de su cartera de seguridad.

Durante la jornada, los funcionarios recordaron que tanto Córdoba como Buenos Aires fueron pioneras en desfederalizar la competencia del narcomenudeo, permitiendo que la justicia y las policías locales persigan el microtráfico de manera directa. Mientras Buenos Aires aporta su vasta experiencia territorial a gran escala, Córdoba exhibe fortalezas distintivas como la creación de la FPA —una fuerza policial civil especializada exclusivamente en drogas— y estrictos estándares de control en reclusión.

Inspección en el CEMAX y visión de futuro

En el marco de la agenda de cooperación, la delegación visitante se trasladó al norte provincial para visitar el Centro de Máxima Seguridad (CEMAX) en Cruz del Eje. Allí evaluaron la infraestructura, los recursos tecnológicos y los protocolos operativos destinados a aislar a los presos de alto perfil, neutralizando su capacidad de mando exterior.

Con la consolidación de esta alianza, Córdoba y Buenos Aires reafirman que la lucha contra el narcotráfico no tolera divisiones jurisdiccionales, sentando las bases de un nuevo paradigma de seguridad basado en la confianza, la inteligencia compartida y la firmeza del Estado frente al delito complejo.