Escándalo en la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba: detienen a seis integrantes
Entre ellos se encuentran cuatro agentes que desempeñaban tareas en la brigada de Cruz del Eje, incluido el jefe actual, y dos en Deán Funes. Están acusados por asociación ilícita.
En el marco de una investigación iniciada el 19 de febrero de 2024, la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV Turno 3 imputó y detuvo a seis agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) por su presunta participación en actividades ilícitas. Los implicados, pertenecientes a las brigadas de Cruz del Eje y Deán Funes, habrían actuado en colaboración con particulares mientras desempeñaban sus funciones.
La investigación, impulsada tras una presentación del jefe de la FPA ante la Fiscalía General, recabó pruebas suficientes para sospechar la comisión de delitos como asociación ilícita, en la que habrían participado los seis agentes. Además, se sospecha que dos de ellos estarían involucrados en un hecho agravado de entrega de estupefacientes. Por lo que habrían violado su rol como funcionarios encargados de la persecución de este tipo de delitos según la ley 23.737.
Presuntas irregularidades en la Fuerza Policial Antinarcotráfico
Asimismo, se detectaron presuntas irregularidades en 2023, cuando funcionarios públicos omitieron promover la investigación de la sustracción de evidencia. Esto derivó en la imputación de un funcionario judicial de la Secretaría Móvil de Lucha contra el Narcotráfico en Cruz del Eje. Lo acusan de encubrimiento por omisión de denuncia y abuso de autoridad. También fue imputado el exjefe de la brigada de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Cruz del Eje. Es investigado por violación de prueba, encubrimiento y abuso de autoridad.
Para avanzar con las detenciones y seguir recabando pruebas, se realizaron 12 allanamientos en las localidades de Cruz del Eje, Villa de María de Río Seco, Deán Funes, Cosquín y San Marcos Sierra. Se espera que en los próximos días los imputados sean trasladados a la sede de la Fiscalía. Allí prestarán declaración con la correspondiente asistencia legal, garantizando sus derechos constitucionales y procesales.