Neonatal: a días de una sentencia histórica por la muerte de cinco bebés
El 18 de junio se conocerá el veredicto en el juicio por las muertes y lesiones de recién nacidos en el hospital Materno Neonatal de Córdoba. Son once los acusados, entre ellos una enfermera y altos exfuncionarios.
La Cámara 7ª del Crimen, integrada por tres jueces y un jurado popular, fijó para el próximo 18 de junio la lectura del veredicto en una causa que conmocionó a la provincia y al país. Desde enero, se juzga a la enfermera Brenda Agüero, acusada de ser la autora de cinco homicidios y ocho intentos de homicidio, y a otros diez imputados entre médicos y exfuncionarios del sistema de salud provincial.
Los hechos investigados ocurrieron entre marzo y junio de 2022. Durante esos meses, trece recién nacidos sufrieron descompensaciones graves en condiciones sospechosas. Cinco murieron. La detención de Agüero se produjo en agosto de ese año, cuando la causa ya era de dominio público.
La Fiscalía de Cámara, representada por Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Balestrini, sostuvo que Agüero actuó con conocimiento y alevosía, inyectando potasio en dosis letales a los recién nacidos. Pidieron prisión perpetua para la enfermera, calificándola de «asesina serial». Argumentaron que la única explicación posible para las descompensaciones de los bebés sanos era la intervención directa de Agüero. Destacaron que ella estuvo presente en todos los hechos investigados y que las administraciones de potasio e insulina identificadas fueron realizadas con intención deliberada.
Para el resto de los acusados, entre ellos el exministro de Salud Diego Cardozo y la exdirectora del hospital Liliana Asís, solicitaron penas de entre uno y cuatro años de prisión, muchas de ellas en modalidad condicional y con inhabilitación para ejercer cargos públicos o profesionales.
Cabe recordar que durante los alegatos finales, la Fiscalía de Cámara solicitó al jurado recordar que el exministro de Salud, Diego Cardozo, fue «el ministro de la pandemia». Esta declaración generó controversia, ya que algunos interpretaron que se buscaba destacar su gestión en un contexto tan delicado como la crisis sanitaria por COVID-19. Sin embargo, tanto la querella como la defensa de Agüero cuestionaron esta alusión, considerándola innecesaria y fuera de lugar en un juicio por homicidio.
Entre el dolor de las familias y las acusaciones cruzadas
El juicio ha tenido una fuerte carga emocional desde sus primeras audiencias. No solo por la gravedad de los hechos, sino por la participación directa de las madres de los bebés fallecidos y lesionados, que dieron su testimonio en el recinto. En una de las jornadas más conmovedoras, se leyó una carta firmada por varias de ellas: “Nos arrebataron a nuestros hijos y nos hicieron dudar de nosotras mismas. Nos dijeron que fue un mosquito, un virus, un accidente. Hoy sabemos que no fue así. Queremos justicia, no venganza. Que nunca más pase esto”.
Durante las últimas semanas, los abogados defensores apuntaron contra la investigación fiscal preparatoria, a la que calificaron de “incompleta” y “politizada”. Gustavo Nievas, defensor de Agüero, planteó que la hipótesis de la “asesina serial individual” permitió cerrar mediáticamente el caso y bajar su visibilidad hasta el inicio del juicio. Es decir que la acusación contra su clienta fue funcional a una estrategia del poder político para desviar la atención durante un año electoral. “No hay una sola prueba directa. No hay madre que haya visto a Brenda inyectar nada. La acusaron porque necesitaban un culpable visible”, sostuvo Nievas, quien pidió su absolución. Así mismo, señaló que la Fiscalía no ha podido probar la culpabilidad de Agüero y que se ha recurrido a un tratamiento emocional del caso que podría influir en la percepción del jurado. Pero como si todo eso no fuese suficiente, en otro giro polémico, la defensa de Agüero sugirió que las demandas civiles podrían haber influido en los testimonios presentados.
En resumidas cuentas, acusó a las madres de las víctimas de haber modificado sus testimonios a cambio de dinero y que esto afectó la credibilidad de los testimonios presentados en el juicio. Estas afirmaciones generaron indignación entre las familias afectadas y calificaron la sugerencia como un «golpe bajo» y reafirmaron que su único objetivo es que se sepa la verdad, buscando justicia por la muerte de sus hijos.
Desde el otro lado, los querellantes reforzaron la acusación. Carlos Nayi, representante de tres familias, aseguró que “todos son responsables: Brenda Agüero como ejecutora y los funcionarios por permitir un sistema que la encubrió”. La defensora pública Ana Pagliano, que representa a tres madres y una beba sobreviviente, sostuvo que el cúmulo de pruebas directas e indiciarias permite llegar a un estado de certeza. También solicitaron al tribunal la creación de un programa de asistencia integral para los ocho bebés que sobrevivieron con secuelas, quienes aún hoy no reciben el tratamiento adecuado.
El juicio también puso en discusión el rol del sistema de salud provincial. La defensa del exsubdirector administrativo Alejandro Escudero argumentó que los hechos ocurrieron en un entorno institucional verticalista, donde no se promovía la denuncia. Su abogado, Claudio Orosz, afirmó que Escudero sí advirtió a sus superiores y al Ministerio Público Fiscal sobre hechos sospechosos, pero que en ese momento no existían elementos para atribuir responsabilidad penal a nadie. A su vez, Orosz anticipó que, de haber condena, presentará un recurso de casación.
El próximo paso en el proceso judicial, el 26 de mayo, será la presentación de los alegatos finales de las defensas de Adriana Moralez, excoordinadora del Comité de Seguridad del Paciente, y de la neonatóloga María Alejandra Luján. Entre el 9 y el 11 de junio, se escucharán las “penúltimas palabras” de las madres y, por último, las “últimas palabras” de los imputados, antes de que el jurado pase a deliberar.
La sentencia que se leerá el 18 de junio no solo definirá responsabilidades individuales, sino que también será un fallo clave en términos institucionales. Se trata de un proceso que, más allá de las condenas, expuso falencias estructurales del sistema de salud, alertas desoídas, informes ignorados y una cadena de omisiones que, según la acusación, posibilitó que las muertes ocurrieran sin que nadie actuara a tiempo. El 18 de junio, el jurado dirá su palabra.
