Causa Pami: Carasso renunció al Tribunal de Cuentas tras ser imputado por presunto tráfico de influencias

El ex presidente de la Unión Cívica Radical de Córdoba Marcos Carasso presentó su renuncia al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba luego de ser imputado por presunto tráfico de influencias, en una causa conexa a la investigación por supuestas irregularidades y sobrefacturación en el Pami Río Cuarto.

El ex candidato a vice gobernador de Luis Juez dejará también los cargos que ocupa dentro de la estructura partidaria para concentrarse en demostrar su inocencia ante la Justicia, según informó Puntal.

La dimisión a su cargo de director de Jurisdicción No Permanente fue presentada al presidente del Tribunal de Cuentas, el juecista Beltrán Corvalán. En la nota, Carasso explicó que se debe a “razones particulares”. De acuerdo a trascendidos, por ese cargo el dirigente radical cobraba $ 3.979.733,89 por mes.

La decisión se produjo en medio del avance de la investigación judicial, que durante las últimas horas sumó las declaraciones de dos personas más vinculadas al citado expediente.

El caso está en manos del juez federal Carlos Ochoa y el fiscal a cargo de la acusación es Rodolfo Cabanillas. Extraoficialmente se estima que el monto de la defraudación es por 1.400 millones de pesos.

De acuerdo a trascendidos, la Justicia sospecha que el exdiputado habría actuado de nexo con empresarios acusados de defraudar a la obra social de los jubilados. El delito que se le imputa, tráfico de influencias, está tipificado en el artículo 256 bis del Código Penal de la Nación Argentina y castiga a “quien solicite, reciba o acepte dinero, dádivas o promesas para ejercer indebidamente su influencia ante un funcionario público, buscando que éste haga, retarde o deje de hacer algo relacionado con sus funciones”. De ser encontrado culpable, deberá purgar una pena de prisión de entre uno a seis años y quedará inhabilitado de por vida a ejercer cargos públicos.

El caso mantiene una fuerte repercusión política en Córdoba debido a la relevancia institucional del involucrado.

En el ámbito de la Legislatura Unicameral, la legisladora Karina Bruno, bloque Córdoba, solicitó el apartamiento de Carasso de sus funciones, mientras que los legisladores Facundo Torres y Leonardo Limia, del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, impulsaron pedidos de informes para conocer mayores detalles sobre la situación del dirigente radical.

A través de un comunicado, Carasso negó haber cometido defraudación en contra del Pami local y agregó que posteriormente dará precisiones sobre su situación. “La Justicia no me atribuye ningún hecho de defraudación al Pami”, sostuvo. Por su parte, su abogado, Maximiliano García, expresó: “Es una imputación injusta y vamos a demostrar su inocencia”. El letrado también informó que Carasso ampliará su declaración cuando acceda al expediente.

Juecistas y radicales se despegaron de Carasso y se tiraron la pelota los unos con los otros.

Los detalles de la acusación contra Carasso

La imputación contra el mandatario radical se conoció este martes a primera hora y fuentes judiciales sostuvieron que la atribución no se encuentra relacionada con el tramo de la investigación referido a la facturación. Cuando se conoció la acusación contra el dirigente radical no se había detallado bajo qué delito.

La imputación fue hecha por el fiscal Rodolfo Cabanillas. La investigación registró avances en los últimos días con una serie de procedimientos ordenados por la Justicia.

Entre ellos, se realizaron allanamientos en la oficina que Carasso ocupa en el Tribunal de Cuentas de la Provincia y en su domicilio particular de la ciudad de General Cabrera. A partir del operativo realizado en el Tribunal pudo conocerse que Carasso ejercía como vocal en esa dependencia, por la cual percibía un sueldo de ministro.

Fuentes consultadas por Puntal indicaron que los procedimientos realizados la semana pasada se enmarcan en una investigación por presunta asociación ilícita y defraudación al Pami, que habría generado un perjuicio estimado en 1.400 millones de pesos, según fuentes extraoficiales. Las presuntas irregularidades en la prestación de servicios para afiliados del Pami se habrían realizado a través de la empresa Ethical.

El caso tiene como principales imputados a Gonzalo Lima, Pablo Adzich, Lucas Kurilkowich y al exjefe médico del Pami, Víctor Genesio, quien recuperó la libertad, además de otras dos personas involucradas en el expediente.

La pesquisa se inició meses atrás a partir de denuncias anónimas que alertaban sobre la facturación de prestaciones de rehabilitación de alta complejidad que, presuntamente, nunca fueron realizadas. El fiscal federal Rodolfo Cabanillas quien investiga el caso.

Cabe recordar que Carasso fue presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia de Córdoba, donde entre las distintas líneas internas del partido se identificaba con Mario Negri. Ejerció como intendente de General Cabrera desde 2015 hasta 2021, cuando accedió a su banca en el Congreso de la Nación, donde se desempeñó hasta el 2023. También fue candidato a vicegobernador de Luis Juez en las elecciones 2023. Cabe señalar que, en ese momento, en el cierre de listas inicial, Carasso se inscribió con una doble candidatura que incluía el primer lugar de la lista de legisladores. Sin embargo, tras fuertes tensiones y críticas internas, renunció a su postulación como primer legislador.