Causa Di Santo: la próxima audiencia por el juicio de lesa humanidad será el martes 27
En la primera audiencia, ex presos políticos y defensores de los derechos humanos de Córdoba destacaron la importancia del proceso judicial y la necesidad de mantener viva la memoria colectiva. “Ver a los acusados en el banquillo reconforta y le hace bien a la sociedad”, dijo uno de los testigos.
Foto: Puntal.
Por Diario Puntal
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de la ciudad de Córdoba inició este martes la megacausa Di Santo, también conocida como causa Gutiérrez, uno de los procesos judiciales más importantes de la provincia por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.
El Tribunal está encabezado por Carolina Prado y también lo conforman Julián Falcucci y María Noel Costa. Entre los delitos que se juzgan se encuentran “privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidios y delitos de índole sexual”.
El proceso tiene a 21 imputados por crímenes cometidos entre 1975 y 1978, que tuvieron como víctimas a más de 70 personas en Río Cuarto y distintas localidades del sur de Córdoba.
Se trata del juicio número 20 por delitos de lesa humanidad y de una de las investigaciones de mayor magnitud vinculadas con el accionar del aparato represivo en la región. En este contexo, cabe resaltar que la Municipalidad de Río Cuarto también es querellante en el caso.
En la causa hay 21 exmilitares y expolicías imputados por hechos que afectaron a más de 70 personas, entre ellas docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
Los testimonios de la primera jornada
Las marcas que dejó la última dictadura en la sociedad argentina siguen presentes en las voces de quienes sufrieron la represión y de las organizaciones que sostienen el reclamo de justicia.
En el marco del juicio Di Santo por delitos de lesa humanidad, los testimonios de Irma Casas, ex presa política y hermana de dos desaparecidos, y Alejandro Larriestra, secretario general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), pusieron en primer plano la importancia de juzgar los crímenes del terrorismo de Estado y defender los derechos humanos.
Desde sus propias experiencias, ambos coincidieron en la relevancia de mantener viva la memoria y reconocer las luchas que permitieron llegar a esta instancial.
Irma Casas repasó las huellas de los seis años que permaneció detenida y reflexionó sobre las dificultades para generar una mayor conciencia colectiva, a su vez Larriestra valoró el inicio del juicio oral y recordó a Ernesto Silber, primer secretario general de la AGD-UNRC, asesinado durante su detención.
La experiencia de Irma Casas está atravesada por la persecución política, la detención durante la última dictadura y la desaparición de dos de sus hermanos. Reconstruyó parte de lo vivido y reflexionó sobre el sentido de aquella experiencia en el presente.
Durante los años en que permaneció detenida, explicó que intentaba registrar mentalmente todo lo que sucedía a su alrededor, con la intención de que se conociera la realidad de quienes estaban privados de su libertad.
Incluso recordó cómo llegó a reconocer a sus captores por el olor de sus perfumes y a distinguir los distintos roles que asumían dentro del esquema represivo.
Sin embargo, su relato también estuvo marcado por una mirada crítica sobre las consecuencias de aquella experiencia y las dificultades para transmitir lo vivido y generar conciencia sobre la importancia de defender los derechos.
“Estuve seis años presa al pedo, que no concienticé a nadie, a nadie le di a entender que debía defender sus derechos”, expresó.
La reflexión de Casas trascendió el recuerdo de la detención y se proyectó hacia el presente. Desde su experiencia como militante, sostuvo que la defensa de los derechos del pueblo continúa siendo una tarea pendiente y advirtió sobre el tiempo que puede demandar recuperar lo perdido.
“Por eso seguimos estando”, afirmó, en una frase que sintetiza la persistencia de una militancia que mantiene vigente el reclamo por memoria, verdad y justicia.
Por su parte, Alejandro Larriestra destacó la importancia de que el proceso judicial avance hacia el juzgamiento de los acusados por delitos de lesa humanidad. En representación de la Asociación Gremial Docente de la UNRC, valoró el recorrido que permitió llegar a esta instancia y el papel que tuvieron los organismos de derechos humanos.
“Ver a los acusados en el banquillo reconforta y le hace bien a la sociedad, a pesar del contexto complejo en el que estamos”, expresó.
Para él, la instancia oral constituye un momento significativo para quienes padecieron la violencia estatal y para la sociedad en su conjunto. En ese sentido, resaltó el trabajo sostenido de los organismos de derechos humanos, que durante años impulsaron las investigaciones y reclamaron que los responsables fueran juzgados.
Como representante de la AGD-UNRC también destacó el compromiso de la organización a lo largo del proceso, mediante el aporte de información y el seguimiento de las actuaciones que hicieron posible llegar a esta etapa.
La posibilidad de ver a los acusados ante un tribunal representa, desde esa perspectiva, un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas de la represión y sus familias.
El testimonio de Larriestra también recuperó la historia de Ernesto Silber, primer secretario general de la Asociación Gremial Docente de la UNRC y una figura cuya memoria permanece presente en la organización.
Silber fue asesinado mientras estaba detenido durante la última dictadura.
Además de recordar las circunstancias de su muerte, Larriestra reivindicó su trayectoria como docente y el legado que dejó en la comunidad universitaria y gremial: “Lo tenemos presente de todas formas”, expresó.
Asistieron el intendente Guillermo De Rivas y el legislador Juan Manuel Llamosas.
