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noviembre 18, 2026
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El sistema de Flagrancia impulsó un salto del 31,8% en las respuestas penales de la ciudad de Córdoba

Entre marzo y agosto de 2026, las fiscalías territoriales y la Unidad Fiscal de Flagrancia de la ciudad de Córdoba dieron 3.377 respuestas procesales: 814 más que en el mismo período de 2025, lo que representa un aumento del 31,8%. Así lo confirmó la evaluación externa que el Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (COPEC) presentó en el Polo Judicial.

El crecimiento no ocurrió a costa de la acusación tradicional. Los requerimientos de citación a juicio mantuvieron su estabilidad, con 1.489 frente a 1.527 en el semestre anterior. El verdadero salto estuvo en las salidas tempranas: las suspensiones del proceso a prueba pasaron de 4 a 191 y las solicitudes de juicio abreviado inicial crecieron un 73,8%.

“Nos propusimos que cada persona que llega al sistema penal, y en especial cada víctima, encuentre una respuesta oportuna y adecuada a su conflicto”, afirmó la vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Aída Tarditti. Además, destacó que para lograrlo el máximo tribunal sostuvo durante años un trabajo de diagnóstico, diseño y prueba junto al Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública y especialistas externos.

Reorganización en los barrios y el Gran Córdoba

Hasta marzo pasado, 22 fiscalías territoriales cubrían por turnos la recepción permanente de personas aprehendidas las 24 horas. Desde la puesta en marcha del nuevo esquema, esos casos se concentran en las dos sedes especializadas de la Unidad Fiscal de Flagrancia (Norte y Sur), permitiendo que las fiscalías territoriales dediquen sus recursos a investigar los conflictos propios de cada distrito.

Ambas estrategias operan sobre una misma base: los 27 Distritos de Seguridad y Justicia de la capital. A esto se sumaron los procedimientos de nueve localidades del Gran Córdoba —entre ellas Villa Allende, La Calera, Río Ceballos, Malvinas Argentinas y Montecristo—, incorporando unos 605 casos anuales al circuito especializado.

“Detrás de cada número hay una persona que espera una respuesta, y detrás de cada respuesta hay equipos que se animaron a trabajar de otra manera”, señaló el fiscal general adjunto y titular de la Unidad, José Gómez Demmel. Para el funcionario, que un caso tenga resolución en un mes significa que la víctima no queda esperando y que los fiscales ganan tiempo para investigar lo que ocurre en cada barrio. “Es un muy buen comienzo, no un punto de llegada”, advirtió.

Celeridad, garantías y foco en las víctimas

En el Sistema Integral de Flagrancia, la defensa toma contacto con la persona imputada desde las primeras horas y la salida procesal llega en un valor mediano de 30 días. En seis meses se celebraron 708 audiencias y los fallos mostraron solidez jurídica: apenas 7 expedientes llegaron apelados a la Cámara de Acusación y solo 4 recursos de casación ingresaron a la Sala Penal del TSJ. Además, el mecanismo permite acumular causas ya elevadas a juicio con nuevos hechos de flagrancia para resolverlos juntos, aliviando la carga de las Cámaras del Crimen.

“La celeridad solo tiene sentido si va de la mano del respeto de las garantías”, sostuvo el defensor general de la Provincia, Pablo Bustos Fierro, quien precisó que hoy nueve defensorías trabajan integradas al modelo.

El esquema también amplió las respuestas restaurativas para las víctimas, con acuerdos alcanzados en plazos de 13 a 30 días que incluyeron reparación económica, reposición de daños y trabajo comunitario. “Una justicia penal que mejora su servicio no solo resuelve más rápido: también escucha a quien sufrió el daño y abre caminos para repararlo”, agregó Tarditti.

Por último, la Sede Norte consolidó un circuito especializado para niñas, niños y adolescentes, que en el semestre recibió a 735 jóvenes para aplicar las primeras medidas urgentes antes de continuar en el Fuero Penal Juvenil. La presentación de los datos estuvo encabezada por el presidente del COPEC, Emilio Graglia, y la directora de su Observatorio de Seguridad y Convivencia, Carla Tassile, quienes marcaron como próximos desafíos profundizar la articulación territorial y sostener el monitoreo conjunto.