Malversación y hurto: Kraisman se quedó sin probation y se encamina al juicio oral

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba —integrada por las vocales Aída Tarditti, María Marta Cáceres de Bollati y el vocal Luis Enrique Rubio— resolvió rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas de Guillermo Kraisman y Luciana de los Ángeles Castro. Con esta resolución, quedó ratificada la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba (probation), un mecanismo con el cual los imputados buscaban evitar el debate oral a cambio de una reparación económica y la realización de tareas comunitarias.

Las defensas habían argumentado que sus asistidos cumplían con los requisitos objetivos de la ley —como la carencia de antecedentes penales computables y la expectativa de una pena condicional—, tildando además de «arbitraria» la postura contraria expresada tanto por el fiscal de Cámara subrogante, Fernando López Villagra, como por la Cámara 10ª del Crimen.

Sin embargo, el máximo tribunal provincial desestimó los agravios y remarcó que el dictamen fiscal estuvo plenamente fundado y resulta vinculante para los magistrados. El TSJ respaldó el criterio del fiscal al señalar que la maniobra atribuida a Kraisman no constituyó un episodio aislado de lucro menor, sino el aprovechamiento de vínculos políticos para crear un “cargo fantasma”, lesionando gravemente la confianza pública en el sistema de designaciones de la Legislatura. Tras este revés judicial, el expediente fue remitido a la Cámara 10ª del Crimen para la fijación de la fecha del debate oral y público.

Los dos frentes judiciales del exfuncionario

El juicio unificado abordará dos episodios que sacudieron la escena política y policial de la provincia:

• El caso de la “empleada fantasma”: La causa principal investiga una presunta tentativa de defraudación contra la administración pública concretada entre finales de 2024 y comienzos de 2025. Según la acusación, Kraisman se valió de sus influencias y contactos en la Legislatura de Córdoba —puntualmente en el despacho de la legisladora Nadia Fernández— para gestionar el alta como contratada no permanente de Virginia Martínez, quien según la pesquisa no cumplía funciones reales. La maniobra escaló cuando la Legislatura depositó en una caja de ahorro del Banco de Córdoba la suma de $953.378 en concepto de sueldo y aguinaldo proporcional. El 16 de enero de 2025, Kraisman se presentó junto a Luciana Castro en la sucursal bancaria de barrio General Paz e intentaron retirar el dinero por caja exhibiendo el DNI de Martínez. El ardid se desplomó cuando la cajera advirtió que Castro intentó suplantar la identidad de la titular de la cuenta —asegurando primero ser ella y luego su hermana—, mientras Kraisman procuraba distraer a la empleada. A raíz de esto, Martínez también fue imputada por presunto falso testimonio.
• El episodio del supermercado: En paralelo, el exconcejal deberá responder por un hecho caratulado como robo en grado de tentativa, cometido el 31 de agosto de 2024 en un hipermercado Mariano Max de barrio Las Flores. En dicha ocasión, intentó sustraer productos alimenticios —como bondiolas y jamón crudo— ocultándolos entre sus prendas. Al ser interceptado por personal de seguridad privada, Kraisman intentó intimidar a los custodios y a efectivos policiales aduciendo tener “contactos en la plana mayor de la Policía” y ser amigo del propietario del establecimiento. La mercadería fue recuperada y restituida al comercio.