El Senado aprobó la reforma de Salud Mental: entre la promesa de “llegar a tiempo” y el riesgo de volver a un modelo punitivo
El debate en el Senado dejó al descubierto una grieta profunda en la concepción del sistema sanitario argentino. El oficialismo logró imponer su dictamen de mayoría para reformar la Ley de Salud Mental con 42 votos a favor, aportados por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales aliados, frente a los 21 rechazos de las bancadas opositoras. Aunque el proyecto fue presentado bajo la promesa de modernizar la normativa vigente y dar respuestas a problemáticas actuales, el texto que se girará a la Cámara de Diputados despierta duras críticas por el peligro de desmantelar enfoques comunitarios sustentados en derechos humanos.
El eje más controversial de la iniciativa radica en la modificación de los criterios de contención. La reforma habilita que la internación involuntaria sea dispuesta por un único médico —preferentemente psiquiatra— ante una situación de “riesgo grave de daño”, reemplazando el estándar previo de “riesgo inminente” auditado de manera interdisciplinaria. Si bien el oficialismo argumenta que este cambio busca “legar a tiempo”, sectores críticos advierten que rebajar la vara de excepcionalidad administrativa abre la puerta a un uso discrecional de la privación de la libertad, sobrecargando la decisión médica e individualizando un problema que requiere abordajes integrales.
Las sombras tras los cambios aprobados
A pesar de que el dictamen sostiene la prohibición de crear nuevos manicomios y exige notificar la medida a la Justicia en un plazo determinado, las modificaciones introducidas profundizan las tensiones sobre la aplicación real en el territorio:
- Descentralización del criterio médico: Se permite resolver internaciones de emergencia de forma unipartita, postergando la evaluación del equipo interdisciplinario hasta las 48 horas posteriores.
- Ampliación del abanico de patologías: Se incorporan las adicciones en general y afecciones como la ludopatía, lo que generará una mayor demanda asistencial sobre un sistema de salud ya golpeado.
- Especificaciones en menores: Se dispone que niños y adolescentes sean atendidos por equipos especializados y alojados en espacios diferenciados de los adultos.
- Condiciones de egreso: Se exige contar con un plan de alta desde el diagnóstico inicial, debiendo notificar previamente a los familiares o representantes legales.
El nudo presupuestario y el reclamo de los territorios
El trasfondo financiero se consolidó como el punto más frágil de la iniciativa. Aunque el texto menciona la creación de mecanismos de cooperación económica entre la Nación y los gobiernos subnacionales, senadores de diversos bloques territoriales remarcaron la falta de certezas presupuestarias. Asignar mayores responsabilidades a las provincias para sostener internaciones, adaptar efectores y brindar asistencia sin partidas asignadas de forma concreta amenaza con dejar la ley convertida en letra muerta.
La paradoja del modelo que se pretende implantar es evidente: se aspira a dar una respuesta rápida frente a la crisis de consumos y padecimientos graves, pero se debilita la red de atención primaria comunitaria. Sin presupuesto real ni infraestructura adecuada, la flexibilización de la internación corre el riesgo de transformarse en una atajo burocrático que priorice el aislamiento por sobre la prevención y la revinculación social. La discusión pasa ahora a Diputados, donde se definirá si el país consolida un avance real o retrocede hacia viejas recetas sanatoriales.
