Tragedias repetidas, controles bajo la lupa y el DNI para mascotas: Córdoba frente a la crisis por los ataques de perros

EsUna dramática seguidilla de ataques de perros de gran porte en los últimos días encendió nuevamente las alarmas en la provincia de Córdoba y reabrió la discusión sobre la tenencia responsable de animales. La acumulación de episodios graves en entornos domésticos y la inminencia del histórico juicio oral por la muerte de la adolescente Trinidad Ballesteros ponen en evidencia la urgencia de aplicar controles estrictos y revisar el marco legal frente a un problema social que no cesa.

La seguidilla de ataques que conmociona a la provincia

El caso más reciente involucra a Mateo, un nene de dos años que permanece internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Niños de Córdoba luego de sufrir un ataque por parte de un perro de raza dogo en la tarde del martes. El hecho ocurrió en la localidad de Villa Caeiro, en el Valle de Punilla, a 48 kilómetros de la capital provincial. El primer diagnóstico determinó que el menor presenta un traumatismo de cráneo severo y graves heridas en el rostro compatibles con mordeduras. El animal pertenecía a la propia familia de la víctima y la agresión se desencadenó cuando el perro ingresó a la vivienda a través de una puerta que quedó abierta.

El director del centro de salud, Andrés Gomila, ratificó a Cba24N que, pese a la gravedad del cuadro, el niño se encuentra fuera de peligro vital. No obstante, los cirujanos intervinieron de urgencia al nene para reconstruir la zona facial e intentar salvar su ojo izquierdo, seriamente afectado. La causa quedó radicada en la Fiscalía de turno a cargo de Silvana Pen, fiscal que busca precisar las circunstancias exactas del episodio.

Pocas horas antes, en barrio General Urquiza de la ciudad de Córdoba, un hombre de 70 años sufrió graves heridas en sus brazos y piernas tras ser atacado pasado el mediodía por sus propios perros de raza bull terrier. La Policía de Córdoba debió utilizar gas pimienta para frenar el ataque de los animales. El jubilado recibió las primeras atenciones en el lugar y su posterior traslado se efectuó hacia el Hospital de Urgencias. Las autoridades otorgaron el alta médica al paciente, quien deberá someterse a varias intervenciones quirúrgicas reconstructivas en las próximas semanas debido a la severidad de las mordeduras.

Estos episodios suceden a días del fallecimiento de un niño de tres años en la zona sur de la capital cordobesa. El menor perdió la vida a causa de las heridas provocadas en el cuello y el rostro por una perra de raza pitbull. Tras el ataque, el niño ingresó de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield, donde los médicos constataron su deceso. Por este caso fatal, la fiscal Celeste Blasco imputó por el delito de homicidio culposo a la dueña del animal y al hombre que mantenía al perro bajo su custodia. El comisario Jorge Suárez, integrante de la Patrulla Ambiental, confirmó el retiro y secuestro de la perra de la vivienda —donde permanecía encadenada en el patio delantero— para avanzar con las pericias correspondientes.

Controles municipales, registros obligatorios y el horizonte judicial

La acumulación de víctimas en entornos domésticos reabre con dureza la discusión sobre la seguridad, los controles estatales y la tenencia responsable de animales de gran porte. En córdoba rige desde 2003 la ordenanza 13.321, que establece la obligatoriedad de registrar a todo perro considerado potencialmente peligroso. A pesar de la antigüedad de la norma, según información municipal, actualmente solo existen unos 2.000 animales inscriptos en el sistema municipal, trámite que se realiza de manera digital a través de la guía de trámites de la Municipalidad, donde también se asientan denuncias vecinales.

El esquema permite que cualquier ciudadano denuncie falencias en las medidas de seguridad de un domicilio o irregularidades durante las caminatas. Ante una alerta, un veterinario de BioCórdoba y un inspector del Instituto de Protección Ambiental (IPA) se presentan en la vivienda para constatar el registro y el cumplimiento de la infraestructura requerida: cercos perimetrales de al menos 1,80 metros de altura, construidos con materiales resistentes que impidan al animal sacar el hocico hacia la vereda. Asimismo, para circular por la vía pública, la norma exige la compañía de un mayor de 18 años, correa de hasta 1,5 metros y bozal tipo canasta.

Las secuelas de estos ataques derivaron previamente en la ordenanza 13.393, que endureció exigencias y sanciones tras la muerte de Trinidad Ballesteros. Desde el ente municipal enfatizan que el foco no busca estigmatizar razas, sino evaluar la potencialidad de daño basada en el tamaño y la capacidad lesiva. En lo que va del periodo 2025-2026, las autoridades ya procedieron al secuestro de dos animales por orden judicial ante el incumplimiento reiterado de sus dueños.

En paralelo a los debates capitalinos, la provincia registra avances normativos en otras localidades. La Municipalidad de Villa María puso en marcha un registro obligatorio para perros y gatos que exige contar con un DNI animal. La medida busca identificar formalmente a las mascotas y asociarlas de forma directa con la persona responsable de su cuidado.

El trámite en Villa María es gratuito y se realiza en dependencias municipales habilitadas. El documento complementa la libreta sanitaria veterinaria e incluye datos del animal como nombre, raza y fecha de nacimiento, junto a la información del tutor. Con esta medida, la gestión municipal apunta a combatir el abandono y agilizar el rastreo en casos de extravío. Además, la normativa contempla sanciones económicas que alcanzan los $844.000 en situaciones de abandono, maltrato o por mantener animales en condiciones inadecuadas que representen un riesgo en la vía pública.

El clima de consternación generalizada coincide con un escenario judicial determinante para la jurisprudencia argentina. El próximo 26 de agosto comenzará el juicio oral contra José Luis Nieto, dueño de los dos dogos argentinos que el 9 de julio de 2023 mataron a la adolescente Trinidad Ballesteros en el barrio Estación Flores. Nieto llegará al banquillo de la Cámara Primera del Crimen imputado por homicidio simple con dolo eventual, figura penal que contempla penas de 8 a 25 años de prisión.

El caso marca un precedente inédito en los tribunales de Córdoba, provincia que no registra condenas previas bajo este encuadre para incidentes con mascotas. El abogado de la querella, Carlos Nayi, remarcó que el imputado acumula antecedentes y denuncias por la peligrosidad de los perros. Nayi sostuvo que Nieto desoyó de forma sistemática las normativas de seguridad a pesar de la potencia de mordida de los animales, estimada en 150 kilos por centímetro cuadrado.

De concretarse la condena por dolo eventual, el acusado quedará inmediatamente detenido al momento de la lectura del veredicto, en línea con un fallo dictado en 2024 en la provincia de Corrientes por un caso de características similares. Mientras la familia de Trinidad exige justicia a un año del crimen, la provincia oscila entre la multiplicación de tragedias y la urgencia de aplicar normativas que pongan freno a la irresponsabilidad de los dueños.