Liberan a Roberto Moyano, empresario acusado de trata agravada, y aportante de la campaña de Luis Juez
Fue beneficiado por una polémica decisión de la Cámara Federal de Córdoba, que le “limpió” varias acusaciones y consideró que no hay riesgo de fuga. Años atrás, Moyano reconoció públicamente que había aportado a la campaña que llevó a Luis Juez a la intendencia de Córdoba, algo que debió admitir el hoy senador.
Por Tomás Méndez
El empresario de la noche cordobesa Roberto Moyano recuperó la libertad luego de casi nueve meses de presión preventiva en la cárcel de Bouwer. Fue luego de que la Cámara Federal ordenara al juez actuante, Alejandro Sánchez Freytes, que emitiera un nuevo pronunciamiento, luego de criticar la prisión preventiva y la multi-imputación formulada contra el hombre que años atrás reconoció públicamente haber aportado para la campaña del hoy senador Luis Juez.
La diferencia entre aguardar justicia en prisión o en libertad es categórica. Lo saben perfectamente los imputados, pero mucho más lo saben los jueces, que cumplen religiosamente la norma que indica que las causas que avanzan son las que tienen presos. Para las otras, “ya habrá tiempo”.
Es bajo esta condición que Moyano continuará procesado por hechos de trata agravada, aunque los camaristas y el juez se encargaron de limpiarle otras, como el lavado de activos, y el más escalofriante de los hechos de trata que le endilgaban, para el cual se aplicó una bochornosa prescripción. Aún así, los magistrados dejaron entrever que se encontraban frente a una estructura quasi mafiosa que, según la investigación, operó durante años detrás de boliches y bares de la capital provincial, dedicada centralmente a la explotación sexual de mujeres, y con la connivencia de actores políticos, policiales y judiciales.
El pronunciamiento que le abrió las puertas de su celda a este cuartetero devenido en empresario de la noche -cuya nave insignia fue el boliche Rapoza, a minutos del Aeropuerto de Córdoba-, fue firmado por los camaristas federales Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, ambos denunciados penalmente y con causas avanzando en el Consejo de la Magistratura.
Para ello, ambos magistrados debieron contorsionar algunas de sus argumentaciones, como ser la que declaró prescripta una de las acusaciones más graves (trata agravada por el aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad de la víctima), al entender que la acción penal podría encontrarse prescripta. También declararon la nulidad del procesamiento por lavado de activos, pese al escandaloso listado de bienes registrales a nombre de la banda, al advertir deficiencias en la fundamentación del juzgado de primera instancia, ordenando un nuevo pronunciamiento sobre ese aspecto.
La sombra política de Luis Juez
La decisión judicial llega mientras la sociedad argentina discute el funcionamiento de los mecanismos de captación y explotación de mujeres y adolescentes, atravesada por la conmoción que provocó el femicidio de Agostina Vega en Córdoba. Aunque ambos expedientes no guardan por ahora relación formal entre sí, el contraste reinstaló el debate sobre la respuesta institucional frente a las distintas formas de violencia contra mujeres y niñas, y sobre la capacidad del Estado para detectar estas redes antes de que las denuncias lleguen a los tribunales.
Mientras se investiga el rol que cumplió el bar Wachitas en el trágico devenir que acabó con la vida de Agostina, la justicia volvía a fallar en favor de Moyano, un hombre que construyó un conglomerado de boliches, bares y “afters” que marcaron una época en la ciudad y, al mismo tiempo, cultivó relaciones con distintos sectores del poder político para poder garantizarse impunidad.
De hecho, su nombre nunca podrá ser desvinculado de la figura de Luis Juez, a cuya campaña electoral aportó con fondos millonarios para que el hoy senador llegara a la intendencia de la capital cordobesa en 2003.
“Negocio de la noche es negocio político”, reconoció en cámara cuando lo entrevistamos tres años atrás. “En la época de Juez me llaman; me convocan para que ayude en la campaña. Y yo colaboré en esa época. Fue en el año 2003”, reconoció Moyano.
De hecho, el propio Luis Juez no tuvo otra que admitir que Moyano, además de plata, “le puso” a un allegado, Daniel Ramírez, para que fuera nombrado director de Espectáculos Público de la gestión municipal. Era literalmente poner el zorro a cuidar al gallinero, o bien tercerizar la gestión en manos de quienes habían pagado la campaña. Juez se defendió recordando que Ramírez permaneció “sólo tres meses” al frente de esa repartición. Lo que olvida aclarar el senador es que esa eyección se dio recién cuando trascendió el escándalo.
Por eso resultó llamativo que en las últimas semanas Juez tuviera preciados minutos de pantalla en los principales canales de noticias de la capital argentina, mostrándose consternado por lo sucedido con Agostina, cuya muerte todo pareciera indicar, fue fruto de esta connivencia entre noche, trata, bolicheros y políticos.
La causa
El expediente judicial reconstruye una estructura que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, tenía a Roberto Moyano en la cabeza y utilizaba distintos locales nocturnos como pantalla para actividades de explotación sexual. Entre los establecimientos mencionados aparecen Delirios, Rapoza VIP, Ibiza y Madero. Allí, de acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, funcionaban espacios donde mujeres eran explotadas sexualmente y, en algunos casos, se habría captado y explotado a menores de edad aprovechando situaciones de vulnerabilidad.
