Un tercio de los niños argentinos sufre inseguridad alimentaria
Así lo revela un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Más del 35% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina atraviesa situaciones de inseguridad alimentaria. Así lo revela un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), que analizó datos correspondientes al período 2010–2024 y advierte sobre la persistencia de un problema estructural que afecta el desarrollo y las condiciones de vida de las infancias más vulnerables.
Según el estudio, en 2024 el 35,5% de los niños y adolescentes del país sufrió algún tipo de privación alimentaria, una cifra que si bien muestra una leve mejora respecto del pico del 37% registrado en 2020, sigue estando muy por encima de los niveles observados entre 2010 y 2017, cuando el promedio se ubicaba en torno al 20%.
Lo más alarmante es que aproximadamente la mitad de esos casos son situaciones de privación grave, es decir, chicos y chicas que pasaron hambre porque en sus hogares no había qué comer. Este indicador, que entre 2010 y 2017 se mantenía por debajo del 10%, trepó al 16,5% en 2024, consolidando una tendencia de deterioro profundo en las condiciones alimentarias de amplios sectores de la población infantil.
El informe identifica una serie de factores que inciden de manera directa en la inseguridad alimentaria infantil. Entre los más determinantes se encuentran el tipo de hogar, la cantidad de integrantes, el nivel de ingresos y la calidad del empleo de los adultos responsables. En 2024, el 43% de los niños que viven en hogares monoparentales y el 45% de quienes pertenecen a familias numerosas (cinco o más miembros) enfrentaron carencias alimentarias. Estas cifras se agravan en hogares pobres (49%) y en aquellos donde los jefes o jefas de familia tienen empleos precarios o están desempleados (51%).
En términos geográficos, desde 2017 el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue la región más afectada por la inseguridad alimentaria infantil. Sin embargo, el informe señala que en 2024 esa diferencia se redujo como consecuencia del empeoramiento en las provincias del interior. Además, el 44% de los niños con déficit educativo también padeció privaciones alimentarias, lo que indica una fuerte interrelación entre pobreza, educación y alimentación.
A lo largo de los años analizados, el Observatorio de la UCA detectó que tanto la cantidad de personas en el hogar como la precariedad laboral de los adultos son variables cada vez más asociadas a la inseguridad alimentaria. En particular, la pérdida de empleo o el empleo informal aumentan significativamente la probabilidad de que los niños no tengan garantizada una alimentación suficiente.
En este contexto, el informe analiza también el rol de las políticas públicas. Si bien señala que la Asignación Universal por Hijo (AUH) no logró evitar el deterioro entre 2020 y 2021, sí reconoce un impacto positivo durante el período 2022–2024. La combinación de un aumento real en los montos y una inflación más contenida permitió que el 44% de los niños alcanzados por este beneficio no sufriera inseguridad alimentaria. En el mismo período, un 15% de los chicos mejoró su situación, otro 15% vivió privaciones de forma crónica, y un 9% la empeoró.
El trabajo del Observatorio de la Deuda Social Argentina destaca que, aunque las transferencias de ingresos tienen un efecto protector, no son suficientes para revertir por sí solas un fenómeno de esta magnitud. Se requieren políticas más amplias que integren empleo digno, acceso universal a la educación y sistemas de protección que garanticen el derecho a la alimentación para todos los niños del país.
Los datos muestran con claridad que el hambre infantil no es solo un problema de coyuntura, sino una consecuencia de fallas estructurales que se han profundizado en la última década. La inseguridad alimentaria no solo compromete la salud física, sino también el desarrollo cognitivo, emocional y escolar de los chicos. En este escenario, el desafío para los gobiernos y la sociedad es urgente: diseñar respuestas sostenidas que pongan a la infancia en el centro de las prioridades.
