Tras una apertura al diálogo, levantaron la toma en el Colegio San José

Este martes, los estudiantes del Colegio San José de barrio Alto Alberdi, pusieron fin a la toma del establecimiento en protesta por la suspensión de la directora del nivel secundario. La medida de fuerza comenzó tras la sanción impuesta por la sociedad propietaria de la institución, que decidió apartarla de su cargo por quince días, sin goce de sueldo, luego de que esta amonestara a un grupo de alumnos implicados en la visualización de fotos íntimas de una compañera.

El conflicto se originó cuando la directora del nivel secundario del colegio intervino tras conocer la circulación de imágenes privadas de una estudiante. Tras la intervención, la directora decidió sancionar a diez jóvenes con una amonestación. Según fuentes del colegio, la decisión de la directora buscaba señalar la responsabilidad de los alumnos en la difusión de imágenes íntimas, aunque los padres de los estudiantes aseguraron que estos solo habían visualizado las fotos y no participado en su distribución.

La sanción a los estudiantes generó malestar entre sus familias, quienes solicitaron a la directora que retirara las amonestaciones y enviara un correo aclaratorio sobre el incidente. Ante la negativa de la directora a acceder a estos pedidos, la sociedad propietaria del colegio intervino, retiró las amonestaciones a los alumnos y decidió suspenderla por quince días. Esta medida fue interpretada por gran parte de la comunidad educativa como desmedida e injusta, lo que desencadenó la protesta.

Cerca de 120 alumnos participaron de la toma del Colegio San José

Durante la toma, cerca de 120 alumnos, junto a padres y docentes, permanecieron en el colegio en señal de apoyo a la directora y en rechazo a la sanción impuesta. Con pancartas y consignas, los estudiantes manifestaron su descontento ante lo que consideraron una falta de respaldo a la autoridad de la docente y al proyecto educativo del colegio. Paula Schaller, delegada gremial, calificó la sanción como «arbitraria, injusta y desmedida» y destacó que la decisión de la directora fue tomada en conjunto con el equipo de gestión.

La situación escaló hasta las autoridades educativas de Córdoba. Darío Ramos, titular de la DGIPE, convocó a una reunión con la sociedad propietaria del colegio y representantes del Ministerio de Educación provincial para facilitar un acuerdo. “Desde esta dirección debemos garantizar el derecho de los estudiantes a la educación. Estamos facilitando espacios de diálogo para resolver este conflicto”, aseguró Ramos.

Finalmente, tras la reunión entre los propietarios y las autoridades educativas, se alcanzó una apertura al diálogo que permitió levantar la medida de fuerza. Andrea Usandivaras, madre de dos alumnos y vocera de los padres, señaló que la comunidad educativa espera que este acercamiento permita resolver el conflicto sin afectar el desarrollo normal de las actividades escolares.

Los estudiantes retomarán las clases con normalidad, aunque la comunidad educativa sigue pendiente de los resultados de las conversaciones con la sociedad propietaria. La delegada Schaller adelantó que evaluarán acciones legales para cuestionar la sanción y solicitar el restablecimiento pleno de la directora en sus funciones.

El caso generó un amplio debate en la comunidad sobre los límites de las sanciones escolares y el papel de la autoridad educativa en la protección de los derechos de los alumnos y el personal docente.