Tras el veto presidencial, anticipan «manifestaciones de lucha» en defensa del financiamiento universitario
La comunidad universitaria y sus gremios han dejado claro que no se quedarán de brazos cruzados ante lo que consideran una amenaza al futuro de la educación pública en Argentina.
La comunidad universitaria de Córdoba, compuesta por más de 70 mil personas, se movilizó en la última marcha federal en Abril.
Luego del veto anunciado por el presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, la rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Marisa Rovera, se pronunció enérgicamente, asegurando que se vienen manifestaciones de lucha. Aunque celebró la aprobación de la ley por parte del Senado, Rovera lamentó la decisión del Ejecutivo de rechazarla y advirtió que la situación de las universidades no se resolverá sin el apoyo financiero necesario: «Así esto no se resuelve».
Rovera destacó que la aprobación del Senado trajo esperanza, ya que permitiría mayor previsibilidad y estabilidad presupuestaria para las instituciones públicas, pero insistió en que el veto presidencial provocará reacciones de la comunidad universitaria. «Estamos confiados en que nos respalda la gente. Es una conquista del pueblo argentino. Nuestro compromiso sigue intacto», afirmó, dejando claro que la lucha por el financiamiento universitario no terminó.
El impacto del veto en la educación pública
El rector de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), Luis Negretti, adelantó que habrá una acción conjunta entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los gremios universitarios. Esta coalición se prepara para movilizarse en defensa de la educación pública y exigir la implementación de la ley vetada.
En un comunicado emitido por la UNRC, titulado «Ley de Financiamiento Universitario: un respiro necesario en medio de la crisis salarial y el desafío de la calidad educativa», la institución detalló los beneficios que traería la normativa, resaltando su importancia para garantizar la autonomía financiera de las universidades y la mejora de las condiciones salariales de los trabajadores. El comunicado también subrayó el deterioro del poder adquisitivo en el sector universitario, donde el 85% de los docentes y el 60% de los no docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
Las reacciones de la comunidad universitaria
La comunidad universitaria y los gremios no tardaron en manifestar su descontento ante la decisión del gobierno. Carlos De Feo, secretario general de Conadu, calificó el veto como una «barbaridad», advirtiendo que este acto profundizará la crisis en las universidades y anticipando una nueva marcha en defensa de la educación pública. Piera Fernández, presidenta de la FUA, también se sumó a las críticas, asegurando que si el veto se confirma, la movilización estudiantil será inevitable: «Si hay veto, van a volver a ver a una comunidad universitaria movilizada para volver a exigir al Congreso».
La AGD (Asociación Gremial Docente) también se unirá a una medida de alcance nacional, que promete ser incluso más masiva que la movilización del pasado 23 de abril, cuando miles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios marcharon en defensa de la educación pública. Ernesto Cerdá, secretario adjunto de la AGD, sostuvo que el veto «unificará la lucha en la calle» y pronosticó un fuerte nivel de movilización.
Contexto y futuro de la lucha universitaria
El veto presidencial a la ley que buscaba incrementar el financiamiento para las universidades públicas argentinas llega en un momento de crisis económica y social, donde el sistema educativo enfrenta desafíos enormes en términos de calidad y sostenibilidad. Con el 0,14% del PBI asignado a esta ley, se pretendía no solo mejorar los salarios de docentes y no docentes, sino también reforzar áreas estratégicas en ciencia, tecnología y extensión universitaria.
La marcha del 23 de abril marcó un hito en la defensa de la educación pública, y ahora las expectativas están puestas en la próxima convocatoria, que se vislumbra aún más masiva y contundente. La UNRC, junto a otras universidades, reafirmó su compromiso con una educación inclusiva y de calidad, subrayando el rol crucial del Estado en garantizar los recursos necesarios para el desarrollo del sistema educativo.
En medio de este panorama, la comunidad universitaria y sus gremios dejaron claro que no se quedarán de brazos cruzados ante lo que consideran una amenaza al futuro de la educación pública en Argentina.
