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junio 10, 2025
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Piden incrementar el presupuesto universitario hasta el 1,5% del PBI

Actualmente ronda el 0,5%. Los rectores presentaron ayer en Diputados una nueva Ley de Financiamiento, en la que también reclaman por salarios. Rovera criticó la falta de respuesta.

Los rectores nucleados en el CIN piden un aumento gradual del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI.

El proyecto presentado por el sector universitario busca aplicar aumentos graduales con vistas al año 2031. Actualmente ronda el 0,5%.

Las autoridades académicas presentaron ayer en la Cámara de Diputados una nueva Ley de Financiamiento Universitario, en la que también reclaman por una recomposición salarial.

Por su parte, la rectora de la UNRC, Marisa Rovera, criticó ayer la falta de respuesta a los reclamos universitarios por parte del gobierno nacional, en el marco del paro de los docentes universitarios que dieron una clase pública en la Plaza Roca.

La medida de fuerza de la AGD tuvo un alto acatamiento y contó con la participación de dirigentes de Aturc y de autoridades de facultades y del Rectorado.

Rectores de todo el país presentaron este miércoles en la Comisión de Educación de Diputados un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario.

La iniciativa plantea más fondos y mantiene el equilibrio fiscal del Estado.

El flamante presidente del CIN, Oscar Alpa, dijo al diario Puntal que el proyecto representa “una reorientación de prioridades del gasto del gobierno nacional, porque la inversión en educación universitaria no sólo es una obligación legal y ética del Estado, sino que, también, constituye una estrategia clave para el desarrollo económico y social” de la Argentina.

En tanto, Rovera manifestó: “Todavía no tenemos una respuesta concreta porque si no no estaríamos convocados acá”. Y añadió: “Es un proyecto que se trabajó con mucho consenso y que propone una solución que no impacte negativamente en el déficit fiscal”.

En la ocasión, se planteó “ratificar la voluntad de diálogo del sistema universitario y solicitar a las autoridades educativas nacionales un ámbito que permita abordar responsablemente los problemas planteados y encontrar con celeridad respuesta”.

También propone “un piso básico de recursos para el funcionamiento y la recomposición salarial” del personal, según se comunicó oficialmente.