“Esta ley ataca el ladrillo del delito”: cómo funcionará la reconversión de los espacios recuperados al narcotráfico

El proyecto de la Ley Antibúnker y Antiaguantaderos que firmó el gobernador Martín Llaryora abrió un nuevo escenario en la estrategia de seguridad provincial. Lejos de agotarse en el despliegue policial de un operativo, la iniciativa apunta a resolver qué pasa al día siguiente de un allanamiento, cuando las persianas de los puntos de venta de droga se cierran y queda un vacío que los vecinos suelen mirar con temor.

Nadia Fernández, Secretaria General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, dialogó con Córdoba|12 y puso el eje de la discusión en el impacto simbólico y social de la norma. “Esta ley ataca el ladrillo del delito, por decirlo de algún modo”, graficó la funcionaria, quien consideró que los puntos de venta fijos significan mucho más que un problema edilicio: “Los búnkeres y los aguantaderos no son solamente una cuestión de un problema de inicio, es una declaración de guerra de los delincuentes al barrio, lo toman al barrio, y el Estado lo que tiene que hacer es recuperar esa presencia con una fuerte carga simbólica, derribarlos y recuperar el barrio para los vecinos”.

El destino de los inmuebles: plazas, clubes y contención

El principal interrogante urbano radica en el destino que recibirán las propiedades recuperadas. Según Fernández, el plan central no busca acumular inmuebles cerrados, sino generar una reparación directa para la ciudadanía. “Lo importante acá es quitarle el espacio del delito, ese es el objetivo central. Necesitamos que los búnkeres que son derribados se conviertan en plazas, en clubes, en espacios donde el vecino vuelva a ser el dueño de la calle”, remarcó.

La articulación en el territorio se apoyará de manera directa en el programa municipal y provincial “Estamos Juntos”, que la Provincia lanzó la semana pasada. A través de este esquema, equipos interdisciplinarios evalúan las necesidades específicas de cada zona afectada por el narcomenudeo. “Cada territorio tiene necesidades diferentes. En algunos casos podrán impulsarse proyectos vinculados a organizaciones comunitarias, a centros vecinales, a clubes, a espacios de contención para jóvenes y también, por supuesto, puede verse la posibilidad de dispositivos de asistencia para mujeres”, anticipó la secretaria.

Para Fernández, la clave del éxito legislativo radica en comprender que “la lucha contra el narcotráfico en realidad no va a terminar cuando se cierra o cuando se derriba un búnker, implica esta continuidad de reconstituir el tejido social”.

Plazos ágiles para evitar el regreso de las bandas

Uno de los principales reclamos históricos de las comunidades barriales se centra en la lentitud de los procesos judiciales, lo que muchas veces permitía que una vivienda desalojada fuera ocupada rápidamente por otra facción de la misma organización criminal. La nueva normativa busca cortar esa inercia mediante la fijación de plazos concretos para cada etapa administrativa.

“Uno de los objetivos de esta ley sería reducir los tiempos y evitar los trámites que se eternizan generalmente”, explicó Fernández. Según la funcionaria, la dinámica cambiará notablemente de acuerdo a la complejidad de cada propiedad: “En los casos más simples, donde no existe ocupación efectiva ni conflictos de derechos o de titularidad, la intervención administrativa se puede poner en marcha en una cuestión de días. Cuando se requieren medidas judiciales de mayor intensidad, como la demolición, los tiempos van a depender fundamentalmente del fiscal”.

El norte trazado por el área de Lucha contra el Narcotráfico consiste en que las herramientas legales queden listas para evitar dilaciones. “El objetivo es que la provincia llegue antes para hacer cesar de manera inmediata el delito y que una vez desalojado, una vez detenidos los narcotraficantes, la gente pueda apropiarse del lugar y no sea utilizado nuevamente por otros delincuentes”, enfatizó.

Reserva y propiedad privada

Consultada sobre el riesgo de filtraciones informáticas que puedan alertar a las redes criminales antes de un procedimiento, Fernández recordó que Córdoba cuenta con una infraestructura de fueros específicos contra el narcotráfico y una Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) con más de una década de experiencia de trabajo reservado. Además, el sistema se nutre del mapa de riesgo alimentado por la línea de denuncias anónimas (0800-888-880) y mesas de análisis de la narcocriminalidad.

Por último, la secretaria despejó temores respecto a posibles excesos estatales sobre el derecho a la propiedad privada en casos de inmuebles simplemente deteriorados o deshabitados por razones económicas. “Esta ley no va contra los propietarios de buena fe que no puedan sostener un inmueble, va contra los delincuentes que se apropian de esos espacios para vender droga”, diferenció. Según concluyó Fernández, el texto normativo exige elementos objetivos y verificables para avanzar en una intervención, garantizando siempre la debida notificación al dueño y su derecho a defensa.