El Gobierno Nacional cierra más programas del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad
El anuncio lo hizo este miércoles el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien justificó la medida con argumentos ideológicos.
El Gobierno Nacional eliminó dos programas fundamentales para la protección de mujeres y diversidades en situación de violencia, en una nueva decisión que profundiza el recorte de políticas públicas orientadas a derechos humanos. Se trata del Programa Acercar Derechos y del Registro de Organizaciones de Género, ambos creados durante la gestión de Elizabeth Gómez Alcorta en el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
El anuncio lo hizo este miércoles el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien justificó la medida con argumentos ideológicos. “Terminamos con estructuras ideológicas que sostenían militancia y cargos políticos”, afirmó, acompañado por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.
Los programas eliminados tenían como objetivo garantizar el acceso a derechos de mujeres, personas LGBTI+ y trans en contextos de violencia. En particular, el Programa Acercar Derechos ofrecía acompañamiento integral en situaciones de alta vulnerabilidad, articulando asistencia legal, psicológica y social. Por su parte, el Registro Nacional de Organizaciones relevaba y promovía el trabajo de asociaciones que brindan apoyo en territorio.
Según Cúneo Libarona, “nunca arrojaron resultados positivos para los argentinos” y aseguró que el Gobierno prefiere enfocar su política de seguridad en una lógica de neutralidad de género. “La violencia no tiene género”, declaró, afirmando además que los homicidios de mujeres bajaron un 14,3 %.
La afirmación genera controversia: la eliminación de estructuras que articulaban el abordaje integral de la violencia de género coincide con un vaciamiento sistemático de políticas específicas para proteger a sectores históricamente vulnerados. En lugar de fortalecer o reformular, se opta por borrar.
Amerio, por su parte, justificó la decisión con los resultados de una auditoría interna que habría detectado “debilidades sustantivas” en el seguimiento de los casos. Sin embargo, el dato más alarmante, que el 38% de los casos no tenía acciones de seguimiento registradas, apunta más a una gestión deficiente que a la necesidad de eliminar completamente el programa.
La medida se inscribe en una lógica más amplia del Gobierno de Javier Milei, que desde el inicio de su mandato ha recortado múltiples áreas del Estado bajo el argumento de eficiencia y responsabilidad fiscal. Pero especialistas y organizaciones sociales advierten: desfinanciar o suprimir políticas de género es un retroceso que puede tener consecuencias irreversibles.
El cierre de estos programas no sólo significa el despido de cientos de trabajadoras y trabajadores, sino también dejar sin acompañamiento a miles de personas que enfrentan situaciones de violencia y vulnerabilidad extrema. En lugar de mejorar lo que no funcionaba, el Gobierno decidió eliminarlo todo.
