Tensión por la reforma laboral: Córdoba dejaría de recibir 6 mil millones por mes
La Nación se resiste a resignar el capítulo impositivo del proyecto oficial que le quita recursos a las provincias. Llaryora está de acuerdo con el proyecto en general pero busca evitar que caigan los giros automáticos.
Crece la tensión entre la Nación y las provincias por la reforma laboral: si el proyecto sale tal como está, Córdoba dejaría de recibir $ 6 mil millones por mes. Es que la Nación se resiste a resignar el capítulo impositivo del proyecto oficial que le quita recursos a los estados provinciales.
El gobernador Martín Llaryora está de acuerdo con el proyecto en general, pero busca evitar que caigan los giros automáticos. La citada preocupación también es compartida por un socio político del cordobés:el mandatario santafecino Maximiliano Pullaro.
Ambos, cuando se juntaron días pasados en Cosquín, plantearon al gobierno nacional la necesidad de que se mantengan esos fondos. “Hay que bajar impuestos pero no siempre los mismos”, coincidieron ambos gobernadores, al hacer referencia a tributos nacionales tales como las retenciones o el Impuesto al Cheque.
Las provincias advierten que si sólo se bajan los impuestos coparticipables se profundizará el impacto negativo en los presupuestos distritales. En suma, dejaron en claro que “no acompañarán medidas que afecten las arcas provinciales por medio de la baja de los impuestos coparticipables”. La principal preocupación radica en “la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas”. También los mandatarios se oponen al recorte de los derechos laborales de los trabajadores.
El tema se tratará en extraordinarias en el Congreso, que van desde el 2 al 27 de febrero. Como se sabe, el foco estará puesto en la reforma laboral que el gobierno nacional quiere convertir en ley sí o sí. Según se publicó, “el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para febrero con la reforma laboral como uno de los temas claves a tratar”.
Esto está avalado por el Decreto 24/2026 publicado en el Boletín Oficial. De esta forma, “el Congreso deberá trabajar durante 25 días fuera del período ordinario, estipulándose que cualquier tratamiento fuera de esa agenda necesitará de una nueva citación o el consentimiento expreso del presidente Javier Milei”.
