Milei vetó la ley de emergencia por la inundación en Bahía Blanca y asignó un monto diez veces mayor para pagar deuda
El veto deja sin efecto, entre otros puntos, la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistencia directa y obras de reconstrucción. La medida también buscaba asistir al municipio de Coronel Rosales por un desastre similar.
Foto: Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el proyecto de ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en los municipios bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por las severas inundaciones ocurridas en marzo de este año.
La decisión fue oficializada este martes a través del Decreto 424/2025, publicado en el Boletín Oficial, y refrendada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El veto deja sin efecto, entre otros puntos, la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistencia directa y obras de reconstrucción.
El proyecto había sido aprobado por el Congreso el pasado 4 de junio, y contemplaba declarar la emergencia por 180 días, suspender ejecuciones y obligaciones contractuales para los damnificados, otorgar créditos blandos para la recuperación de viviendas y actividades productivas, y coordinar con el Gobierno bonaerense la eximición de impuestos y tasas. También proponía que las obras de infraestructura se ejecutaran priorizando la contratación de mano de obra y recursos locales.
Deuda sí, asistencia para emergencias no
La decisión presidencial formalizada a través del Decreto 424/2025, publicado este martes generó un fuerte rechazo, ya que en la misma edición del Boletín Oficial, Milei dispuso la asignación de más de 2 billones de pesos para pagar deuda, es decir, diez veces más que el fondo previsto para la reconstrucción de Bahía Blanca.
Esta asignación se realizó mediante el DNU 425, en el marco de una extensa modificación del Presupuesto.
Fundamentos del veto
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo sostiene que las acciones ya implementadas por el Gobierno nacional «han llevado adelante una tarea de reconstrucción que torna innecesario un auxilio financiero como el que propone el proyecto de ley sancionado». Además, argumenta que la iniciativa no precisa de manera clara las fuentes de financiamiento para cubrir el gasto previsto, en un contexto de «emergencia fiscal» que atraviesa el país.
Sin embargo, el texto no detalla si la situación de emergencia ha sido completamente superada ni ofrece datos concretos sobre las obras realizadas o en ejecución. La contradicción resulta evidente: si efectivamente se contaba con recursos para atender la crisis, no se comprende por qué se objeta la falta de una fuente de financiamiento en la ley vetada.
La medida genera incertidumbre entre los habitantes de las zonas afectadas, quienes aguardaban la implementación de medidas concretas de alivio económico y apoyo estatal tras el evento climático extremo que dejó graves daños materiales e importantes pérdidas productivas.
