Llaryora cuestionó los recortes en discapacidad impulsados por Nación y pidió al Congreso que no los apruebe

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rechazó los recortes destinados al área de discapacidad contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Gobierno de Javier Milei. El mandatario provincial sentó la posición de Córdoba y aseguró que la Provincia no acompañará medidas que impliquen una reducción de los recursos destinados al sector.

Estas declaraciones de Llaryora respaldan y se suman a los cuestionamientos vertidos duranteesta semana por una funcionaria de su gestión y una legisladora nacional de su espacio político. El jueves pasado, Liliana Montero, secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, sostuvo que el proyecto de ley constituye “un nuevo atropello y un nuevo acto de crueldad sobre las personas que más necesitan”. En ese sentido, la diputada nacional por Córdoba Carolina Basualdo aseguró que la modificación implicaría “menos protección y mayor incertidumbre”.

“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto nacional que afecte estos derechos”, expresó en redes de manera tajante el gobernador Llaryora.

El titular del Ejecutivo provincial sostuvo que las políticas destinadas a las personas con discapacidad deben garantizar prestaciones, traslados y terapias. En ese sentido, remarcó que no se trata de “beneficencia ni caridad” y planteó que esos servicios no pueden quedar condicionados por “la condición social ni el rincón de la provincia en el que nos tocó nacer”.

El gobernador alertó por un“colapso prestacional” y pidió a los legisladores que rechacen el Presupuesto 2027

En su mensaje, Llaryora también se dirigió a los representantes de Córdoba en el Congreso de la Nación. “Les pedimos a nuestros diputados y senadores nacionales por Córdoba y al Congreso en general que no permitan que este acto, vivido por las personas afectadas como un acto de crueldad, sea aprobado”, manifestó.

El mandatario provincial aseguró además que Córdoba continuará trabajando junto a casi 350 organizaciones y gobiernos locales para sostener la red vinculada a las políticas de discapacidad.

Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias que, según su planteo, podría generar una menor participación del Estado nacional. “Sabemos que el esfuerzo que hacemos entre todos no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades. Es más: esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional”, afirmó.

Llaryora agregó que “las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco”, y defendió la continuidad de políticas integrales destinadas a garantizar la inclusión educativa, laboral y social de las personas con discapacidad.

Antecedentes dentro del Gobierno provincial

El posicionamiento del gobernador se produce tras otros cuestionamientos similares surgidos desde la propia administración provincial y el mismo espacio político de Llaryora.

Días atrás, la secretaria de Salud y Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, también había cuestionado las modificaciones previstas en el proyecto de Presupuesto 2027 y reclamado al Gobierno nacional que mantenga el financiamiento y desarrollo de las políticas destinadas a las personas con discapacidad.

Según explicó Montero, entre los cambios impulsados por el oficialismo se encuentra la eliminación del arancel único para las prestaciones. Para Montero, ese mecanismo garantiza que las personas con discapacidad reciban una cobertura equivalente en todo el país.

“Se trata de la eliminación del arancel único, que es lo que garantiza que en nuestro país no haya ciudadanos con discapacidad de primera y otros de tercera o cuarta”, afirmó. Y agregó: “Un nuevo atropello y un nuevo acto de crueldad sobre las personas que más necesitan, todo en nombre del equilibrio fiscal”.

La secretaria cordobesa también cuestionó el accionar del ministro nacional de Salud Mario Lugones, a quien acusó de no haber informado la situación durante la reunión que mantuvo el lunes con los ministros de Salud de las provincias y las áreas vinculadas con discapacidad.

“Nos toman el pelo. Un tema de esta gravedad no puede ocultarse ni tratarse a espaldas de las provincias”, sostuvo Montero. Finalmente, aseguró que Córdoba continuará acompañando a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones del sector, y reclamó que el Gobierno nacional asuma sus responsabilidades. “Nos cansa tanta hipocresía y tanta crueldad”, concluyó la funcionaria.

Por su parte, la diputada nacional por Córdoba Carolina Basualdo difundió un comunicado titulado “Con la Discapacidad No”, en el que advirtió sobre las consecuencias que podrían tener las modificaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027.

“Pretenden derogar en el Presupuesto 2027 los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley de Emergencia 27.793, además de modificar el artículo 7 bis de la Ley 24.901, que regula los aranceles de las prestaciones básicas para personas con discapacidad”, afirmó.

Para Basualdo, la modificación implicaría “menos protección y mayor incertidumbre” para las personas con discapacidad, especialmente en relación con sus pensiones y la cobertura de las prestaciones.

“Esto no es solamente cruel y antiético: también plantea un serio problema institucional”, advirtió la legisladora. En ese sentido, recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional en la Argentina.

Por ese motivo, sostuvo que el Estado nacional tiene la obligación de “respetar, proteger y garantizar” los derechos reconocidos en ese tratado.