Legisladores del PJ de Córdoba calificaron de «disparatado» el ajuste que pide Milei
Los diputados Gutiérrez, Aresca, De la Sota, Torres y Brügge y la senadora Vigo dijeron que es “insostenible” ajustar en 60 mil millones de dólares. “Las consecuencias sociales y económicas serían devastadoras”, indicaron.
Los legisladores nacionales del PJ cordobés salieron este martes con los tapones de punta, tras la presentación del Presupuesto 2025, y calificaron de “disparatado” el ajuste que les pide a las provincias el presidente Javier Milei.
En rigor, los diputados Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Natalia de la Sota, Alejandra Torres y Juan Brügge y la senadora Alejandra Vigo dijeron que es “insostenible” y «fuera de toda lógica» ajustar en 60 mil millones de dólares.
“Sería imposible seguir brindando servicios esenciales”, indicaron los legisladores, en un duro comunicado dirigido al Poder Ejecutivo Nacional, en el que también alertaron que “las consecuencias sociales y económicas serían devastadoras”.
Bajo el título “El ajuste disparatado que el Presidente pretende que hagan las provincias”, el texto resalta que “para poner las cosas en perspectiva, si consideramos que el Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina es de alrededor de 600.000 millones de dólares, y que el gasto consolidado de las provincias es aproximadamente el 14,7% del PIB (datos de Iaraf), esto significa que las provincias tienen un gasto total de alrededor de 88.000 millones de dólares. Reducir 60.000 millones de esa cifra implicaría una reducción de más de 68% del gasto provincial”.
“Es un disparate total, porque sería imposible para las provincias seguir brindando servicios esenciales con ese nivel de ajuste. No estamos hablando de una optimización del gasto ni de un ajuste, sino de un recorte draconiano que pondría en peligro la vida de millones de personas”.
Los legisladores sostienen que “esto significaría, en términos prácticos, que las provincias deberían reducir a una tercera parte el gasto en servicios fundamentales como educación, salud, seguridad, y obras públicas. Es inimaginable que el conjunto de provincias invierta en esos servicios fundamentales un tercio de lo que invierten hoy”.
El comunicado continúa con vehemencia, calificando al pedido del Ejecutivo nacioanl de “un disparate total, porque sería imposible para las provincias seguir brindando servicios esenciales con ese nivel de ajuste. No estamos hablando de una optimización del gasto ni de un ajuste, sino de un recorte draconiano que pondría en peligro la vida de millones de personas que dependen de los servicios públicos que las provincias proveen”.
El texto finaliza argumentando que “cualquier debate sobre la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público es válido, pero proponer una reducción de esta magnitud simplemente no tiene cabida en la realidad. Las consecuencias sociales y económicas de un ajuste de esta magnitud serían devastadoras y empeorarían la situación de las personas más vulnerables en todo el país”.
