El Senado rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Senado aprobó, con 62 votos a favor y 8 en contra, el rechazo al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, un paso importante para la continuidad de una normativa que, desde su sanción en julio, busca mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. El rechazo al veto fue un claro mensaje de la Cámara Alta en defensa de los derechos de este sector vulnerable de la población.
La ley vetada por el presidente Javier Milei había sido aprobada con amplio apoyo y contempla una serie de medidas para actualizar las prestaciones, mejorar los beneficios, compensar deudas con prestadores y ajustar los aranceles según la inflación. La decisión del Gobierno de anularla fue duramente criticada por legisladores, quienes destacaron la necesidad urgente de avanzar en la mejora de los servicios y prestaciones para las personas con discapacidad.
En la sesión de hoy, el Senado habilitó el tratamiento sobre tablas del veto presidencial tras superar el quórum necesario. La resolución llega en un contexto tenso, marcado por las recientes denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que han generado un escándalo político y mediático. Las investigaciones judiciales sobre los presuntos sobornos y recortes de pensiones políticas estuvieron presentes en el debate.
De esta manera la anulación de un veto presidencial por primera vez en más de dos décadas. La ley había sido aprobada por Diputados antes del veto y ahora, con este gesto del Senado, la posibilidad de su promulgación queda más cerca, a pesar de la resistencia del Ejecutivo.
El Senado inició a las 11.15 la sesión en la que rechazará el veto a la emergencia en Discapacidad, además de debatir y buscar aprobar modificaciones en la legislación de los decretos.
Fue con una ronda de cuestiones de privilegio que fueron acordadas en la reunión de Labor Parlamentaria de ayer en la que abundaron dardos contra las reacciones del Gobierno por el escándalo que desataron los audios del ex director de la ANDIS Diego Spagnuolo.
La senadora Carolina Moisés, titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, apuntó contra las denuncias realizadas por el oficialismo en la Justicia y la cautelar del juez Alejandro Maraniello.
Carlos Linares, integrante del Grupo de Amistad con Rusia del Congreso, pidió disculpas por las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que responsabilizó a un espionaje ruso-venezolano por la serie de grabaciones que tienen como protagonista a Karina Milei.
“No es el pensamiento del pueblo argentino”, dijo el representante provincial del bloque kirchnerista. El radical Martín Lousteau siguió la línea de Linares con un discurso irónico contra Bullrich y concluyó: «Esto es lo que parece que ella piensa sin absolutamente ni una prueba».
El jefe de bloque peronista, José Mayans, comparó el Caso Spagnuolo con Watergate, la investigación periodística que terminó con la dimisión del presidente republicano Richard Nixon por espionaje al Partido Demócrata.
Mayans concluyó pidiendo el juicio político para Bullrich y un pedido de interpelación a Karina Milei: «Que venga a explicar acá qué pasó con esta denuncia hecha por una persona de alto rango en su propio Gabinete».
