El Gobierno repartirá los alimentos acopiados entre escuelas vulnerables

El Ministerio de Capital Humano le informó al juez Sebastián Casanello que distribuirá los alimentos almacenados en dos depósitos en Buenos Aires y Tucumán entre escuelas con alumnos vulnerables y no a los comedores populares y merenderos.

Así se desprende de una notificación enviada en las últimas horas del jueves al magistrado, en cumplimiento –con algunas horas de retardo- del plazo que le había dado la Cámara Federal para que elaborara un plan de distribución de la comida.

El documento y sus planillas adjuntas con el inventario de los alimentos no precisa cuáles serán las escuelas que recibirán la comida.

«Se comunicará a la brevedad acerca de las escuelas receptoras como así también las cantidades de productos y fechas exactas de entrega de los alimentos», sostiene la comunicación, firmada por Yanina Nano Lembo, designada al frente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en reemplazo del despedido Pablo De la Torre.

El Gobierno informó que los alimentos se repartirán entre «escuelas vulnerables», lo que excluye a los comedores y merenderos que dependen de organizaciones sociales y eclesiásticas.

«Los alimentos restantes existentes en los depósitos van a ser distribuidos a las escuelas vulnerables de todo el país. Se considera escuelas vulnerables aquellas que presentan estudiantes con altos niveles de riesgo infantil y bajos índices de desempeño educativo y socioeconómico», expresa la comunicación.

El Gobierno se arrogó la determinación de la vulnerabilidad de las escuelas sobre la base de estadísticas del Índice de Contexto Social de la Educación, Índice de Riesgo Infantil y los resultados de las Pruebas Aprender de 2023.

Asimismo, la nota blanqueó una operatoria que el Gobierno ya comenzó a ejecutar: el reparto del cargamento de leche en polvo, a través de la Fundación CONIN, del controvertido pediatra Abel Albino.

Disuelven la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género

El Gobierno Nacional dispuso la disolución de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el área al que había quedado reducido el ex Ministerio de Mujeres, Género y diversidades y que había pasado recientemente del Ministerio de Capital Humano al de Justicia.

En simultáneo, se confirmó que Claudia Barcia, quien estaba al frente de esa dependencia «presentó su renuncia y decidió volver a su fiscalía».

Dicha transferencia se oficializó a través de los decretos 450 y 451/2024, publicados en el Boletín Oficial el 24 de mayo de este año y «luego de un riguroso estudio se detectó que existe una clara superposición de funciones entre distintas agencias gubernamentales», se informó en un comunicado.

«Ello implica mantenimiento de edificios, estructuras y empleados. Del área de la Subsecretaria se traspasaron más de 800 empleados. Por este motivo se decidió ordenar y eficientizar el servicio y se le quitó la jerarquía de Subsecretaría con el objetivo de optimizar recursos y superposiciones. Se busca así que el servicio sea efectivo, ordenado y cumpla los objetivos para los que fue concebido», se detalló.

En tanto, se indicó que las misiones fijadas por la Ley y las Convenciones Internacionales seguirán cumpliéndose en el seno de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y otras en el ámbito de la Secretaría de Justicia, ambas Dependientes del Ministerio de Justicia.

«Me dirijo a Uds. a fin de hacerles saber que en el día de ayer he recibido un llamado de WhatsApp a las 19:57 hs por parte del Secretario de Derechos Humanos Alberto Baños mediante el cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que se encuentra bajo la órbita jerárquica de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia conforme los decretos n° 450 y 451/24, dejará de existir», sostuvo, por su parte, Barcia en su carta de renuncia.