Es una prioridad para el Gobierno avanzar hoy con la reforma de la Ley de Glaciares cuyo objetivo principal es reducir las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en áreas que están bajo el amparo de la ley vigente. Pero el oficialismo cuenta con los avales justos: suma 37 senadores solo si referentes del peronismo cordillerano acompañan la iniciativa.

Se trata de un dato político simbólico. En la última sesión preparatoria, los libertarios le arrebataron al PJ la vicepresidencia de la Cámara y los dejaron sin autoridades. El lugar que ocupaba Silvia Sapag (Neuquén), y que el peronismo esperaba retener con Lucía Corpacci (Catamarca), lo ocupó Carolina Moisés (Jujuy), una díscola que fue suspendida del partido por Cristina Kirchner.

El bloque libertario está encolumnado en su totalidad, pero son solo 21 votos de esos 37 que son los que necesita para poder conseguir el quorum y la media sanción. El problema es que los socios que acompañaron hasta ahora muestran fisuras, lo que podría convertir al proyecto en el cisne negro de las extraordinarias.

Aliados fragmentados

Es que los aliados habituales del Gobierno votan divididos. En la UCR estiman que solo cinco de 10 acompañarían la reforma. En el Pro, solo uno estaría dispuesto a votar a favor. Los pampeanos como Daniel Kroneberger (UCR) y Victoria Huala (Pro) se resisten por el antecedente del Río Atuel, cuyo cauce se secó -afectando la actividad agrícola ganadera- presuntamente por actividades mineras en la zona de Mendoza. El conflicto interprovincial llegó a las Corte Suprema: en 2020 el máximo tribunal ordenó a las provincias fijar un caudal hídrico para recomponer el ecosistema. A los pampeanos se les suman otras voces disidentes en ambos espacios. Según pudo saber este medio, las chubutenses Edith Terenzi y Andrea Cristina, aliadas al gobernador Ignacio Torres, tampoco están de acuerdo con el texto final.

Desde Provincias Unidas, la cordobesa Alejandra Vigo se inclina por el rechazo. También el correntino Mauricio “Camau” Espínola, pero podría modificar su postura frente a la presión del Gobierno. Con este escenario, el oficialismo no logra asegurar por sí solo los 37 votos necesarios y depende de acuerdos transversales.

La clave está en el peronismo. El Gobierno confía en el respaldo de los tres integrantes de Convicción Federal —sector disidente del PJ— y, especialmente, en el acompañamiento de dos referentes cordilleranos del bloque Justicialista: los exgobernadores Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca). Ambos provienen de provincias con fuerte potencial minero y conocen de primera mano el impacto económico que tendría una ampliación de las áreas habilitadas.

Sin embargo, dentro del propio bloque que conduce José Mayans persisten posiciones contrarias. La definición final dependerá de que ninguno de los eventuales apoyos modifique su postura a último momento.

Activistas saltaron la reja del Congreso y hay detenidos, entre ellos un camarógrafo de A24

Al menos 12 personas fueron detenidas en el ingreso al Congreso luego de que activistas saltaran la reja del Palacio Legislativo y se sentaran en las escalinatas en protesta por la modificación de la Ley de Glaciares.

La protesta por parte de los activistas de Greenpeace se da en el marco del debate que hoy se realiza en el Senado donde se va a votar la modificación de Ley de Glaciares.

A su vez, en medio del operativo de traslado, la Policía Federal también arrestó a un camarógrafo del canal A24 y en las imágenes se observa que el trabajador está herido.

“Es inentendible e increíble”, expuso con enojo el periodista y conductor Antonio Laje.

Se supo que el Gobierno redefinirá la protección del ambiente periglacial para atraer proyectos vinculados a la megaminiería e hidrocarburos. A su vez, La Libertad Avanza (LLA) pretenderá modificar artículos claves que resguardan la importancia hídrica para brindarle mayor potestad a las provincias sobre sus propios recursos.

Por qué hay controversia con la modificación de la Ley de Glaciares

Ya se lleva adelante el debate por la modificación de la Ley de Glaciares (26.639), donde el Gobierno redefinirá la protección del ambiente periglacial para atraer proyectos vinculados a la megaminiería e hidrocarburos, no sin controversia ni resistencia de los sectores ambientalistas.

En el Senado, La Libertad Avanza (LLA) pretenderá modificar artículos claves que resguardan la importancia hídrica para brindarle mayor potestad a las provincias sobre sus propios recursos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, se propone reconocer el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, un derecho que está consagrado en el artículo 124 de la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994.

El rechazo

Los bloques opositores, como es el caso de la mayoría de los legisladores justicialistas, rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares y las cuencas hídricas, consideradas reservas de agua potable y, por ende, afectaría un recurso vital para la población.

Mientras el oficialismo pretende habilitar proyectos vinculados a la megaminiería y facilitar el desarrollo económico en empresas de hidrocarburos, el bloque peronista defiende la preservación de las reservas de agua dulce destinadas al consumo humano, principal objetivo de la ley vigente.

Sin embargo, el bloque de LLA en la Cámara alta aseguró que la normativa actual genera «inseguridad jurídica y parálisis de inversiones» y, con esta modificatoria, buscan restringir la protección solo para aquellos glaciares que «cumplan una función hídrica efectiva y estratégica» y que, a la vez, permitan actividades productivas en áreas protegidas.

Por otra parte, señalaron que, de ser aprobada, las provincias tendrán mayor autonomía para decidir sobre sus recursos naturales, reclamo que comparten los territorios con posible explotación de litio y cobre, como San Juan, Catamarca y Jujuy.

Historia de un conflicto

Desde el año pasado, cuando se planteó que este proyecto se debatiría en extraordinarias, se supo que los senadores peronistas que representan a esas provincias estarían «bajo presión» dentro de su propio bloque, ya que la ley actual frena proyectos mineros y genera cierta polémica sobre si posicionarse a favor del desarrollo productivo o del medioambiente.

Por el momento, se dejó entrever que evitarán una reforma que elimine por completo la ley y buscarán un documento que priorice la protección ambiental, pero sin dejar de lado el desarrollo económico, aunque las posturas provinciales dividen al interbloque.