El Gobierno denunció por sedición y asociación ilícita a organizadores de la marcha de jubilados
La denuncia penal fue presentada por el Ministerio de Seguridad tras los graves incidentes ocurridos el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la dirección de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra los organizadores de la protesta de jubilados e hinchas de fútbol que tuvo lugar el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso. La acusación, radicada en el Juzgado Federal N° 11, incluye los delitos de sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada. Entre los principales señalados se encuentran el ex líder montonero Mario Firmenich y los intendentes Fernando Espinoza, de La Matanza, y Federico Otermín, de Lomas de Zamora, a quienes se acusa de haber promovido disturbios con fines desestabilizadores.
El escrito, presentado por el abogado Fernando Soto, cuestiona la decisión de la jueza Karina Andrade de liberar a casi todos los detenidos y anticipa la posibilidad de una denuncia contra la magistrada por prevaricato y violación de los deberes de funcionario público. Según la denuncia, la convocatoria a la marcha contenía consignas que incitaban a la violencia, con la participación de barras bravas de distintos clubes, gremialistas y sectores políticos. También se menciona un video de Firmenich, presuntamente grabado en España, que habría sido utilizado para incentivar la movilización.
El ministerio sostiene que los manifestantes, lejos de ser un grupo de jubilados pacíficos, atacaron a las fuerzas de seguridad con piedras, armas blancas y de fuego, incendiaron bienes públicos y lesionaron a varios policías. Además, se hace referencia al fotoperiodista Pablo Grillo, quien permanece internado con una grave herida en la cabeza, producto del impacto de un proyectil de gas lacrimógeno. Aunque las imágenes registradas muestran a efectivos golpeando a manifestantes, el ministerio argumenta que la represión fue una respuesta a las agresiones previas y que la mujer mayor de edad brutalmente golpeada en un video difundido en redes sociales habría caído tras intentar agredir a un policía.
Para la cartera de seguridad, la protesta no fue una simple manifestación social, sino un intento de obstruir las facultades constitucionales del Ejecutivo y desestabilizar al gobierno de Javier Milei. En ese marco, se reavivó el debate sobre el uso de la fuerza en las manifestaciones y el rol de las organizaciones políticas y sindicales en las protestas callejeras.
