Denuncian penalmente al Ministro de Salud de la Nación por frenar pagos a prestadores de discapacidad
Natalia de la Sota (izquierda), a la salida de los Tribunales Federales de Córdoba.
La diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota, presentó una denuncia penal contra el Ministro de Salud de la Nación, Dr. Mario Iván Lugones, acusándolo de ignorar deliberadamente una orden judicial que buscaba proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. La presentación judicial apunta a que el funcionario incurrió en los delitos de desobediencia judicial y omisión de los deberes de funcionario público al no regularizar las deudas acumuladas con los centros de asistencia a personas con discapacidad.
El conflicto se originó tras un amparo colectivo en el que el Juez Federal N° 3 de Córdoba, Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, dictó una sentencia definitiva el pasado 23 de junio de 2026. En ese fallo, se le ordenaba de manera tajante al Ministerio de Salud, a través de su programa “Incluir Salud”, y al PAMI, normalizar la cadena de pagos en un plazo máximo de 72 horas y cancelar todas las facturas pendientes con los prestadores de la Ley 24.901. A pesar de que las autoridades apelaron la medida, la justicia determinó que el recurso no suspendía la obligación de pagar, fijando el límite de cumplimiento para el miércoles 1 de julio de 2026. Sin embargo, el plazo venció sin que el Gobierno nacional enviara los fondos.
Esta interrupción en el financiamiento afecta de forma directa el funcionamiento diario de numerosas instituciones que brindan tratamientos, hogares y centros de día. Entre las entidades que aportaron informes para certificar la falta de pago se encuentran el Pequeño Cottolengo Don Orione, APADIM Córdoba, el Centro Educativo Mi Lugar, la Clínica Privada Villa Bustos, la Residencia Nueva Vida y el Centro de Vida Alegría.
En los fundamentos de su denuncia, De la Sota remarcó que actúa tanto en su carácter de legisladora como de ciudadana comprometida con el sector. Sostuvo que la parálisis de los pagos viola la protección integral de la familia, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional que exigen medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de oportunidades de las personas con discapacidad.
Debido a la gravedad de la situación y a que los tribunales se encuentran en pleno receso de invierno, la diputada solicitó formalmente la habilitación de la feria judicial de julio. El pedido exige que la justicia federal actúe de urgencia y de manera inmediata, argumentando que la falta de respuestas estatales pone en riesgo extremo la subsistencia de los centros asistenciales y la continuidad de las terapias de los pacientes en todo el país.
