Comenzó el tratamiento de la Ley Antibúnker en la Unicameral de Córdoba
La Comisión de Seguridad de la Unicameral cordobesa, presidida por el legislador Juan Manuel Llamosas, puso en tratamiento este miércoles el proyecto de ley 46849, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial. El mismo establece la intervención de bienes muebles e inmuebles que puedan generar lugares de riesgo para la seguridad pública o en los que puedan desarrollarse actividades delictivas, conocidos como guaridas, aguantaderos o búnkers, y modifica la Ley Nº 10067 de Lucha contra el Narcotráfico.
Según se expresa en sus fundamentos, “la iniciativa procura dotar a la Provincia de Córdoba de una herramienta legal clara, operativa y jurídicamente ordenada para la actuación estatal respecto de bienes muebles o inmuebles, así como de sus infraestructuras, instalaciones, anexos y dispositivos funcionalmente vinculados”, cuando estos pongan en riesgo la seguridad pública.
Concretamente, el proyecto señala que se intervendrá en dos ocasiones. “Por un lado, cuando se encuentren abandonados, desocupados, fuera de uso o en manifiesto estado de desuso y, por su estado o configuración material, generen un riesgo cierto, concreto y actual para la seguridad pública y la convivencia ciudadana, incluido el riesgo de ruina o derrumbe; por otro, cuando se encuentren vinculados, de manera actual o reiterada, a actividades delictivas, en particular cuando sean utilizados como guarida, aguantadero o búnker”.
La iniciativa prevé también un régimen administrativo de intervención temprana (intimaciones, aseguramiento preventivo, cerramiento, clausura provisoria, control perimetral y restricción de accesos), y la remisión a la autoridad judicial competente cuando la situación lo amerite. En este sentido, uno de los puntos centrales tiene que ver con la incorporación de una herramienta judicial para casos de narcomenudeo.
Además, según lo dispuesto por la iniciativa, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de la Provincia de Córdoba, el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, los municipios y las comunas deberán articular mecanismos de coordinación para la aplicación de la presente ley.
El encuentro contó con la presencia del ministro de Justicia y Trabajo de la Provincia, Julián López, quien brindó detalles sobre el surgimiento, los objetivos y alcances del proyecto. “Lo que pretende esta ley es establecer reglas claras que determinen cuándo y cómo debe intervenir el Estado, administrativa o judicialmente, es decir, establecer un orden jurídico claro. Lo que se busca también es crear una normativa robusta, incorporando las diferentes miradas y compatibilizando distintas perspectivas para tener la mejor ley posible”, aseguró el ministro López.
También estuvieron presentes la secretaria General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández; el secretario de Justicia, Leandro Goria; y el director de Política Judicial y Reforma Procesal, Pablo Sánchez Latorre.
Autoridad de aplicación, Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y exclusiones
El proyecto puesto en debate establece que será el Ministerio de Seguridad de la Provincia la autoridad administrativa de aplicación general de la presente ley.
La iniciativa contempla también la creación de una Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos, en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, integrada por representantes de los ministerios de Seguridad, de Justicia y Trabajo y del Ministerio Público Fiscal, en la forma y condiciones que determine la reglamentación.
La normativa prevé además que quedarán excluidos del ámbito de aplicación administrativa de la ley: los automotores secuestrados en causas penales alcanzados por la Ley Provincial N° 8550; los bienes sometidos a un régimen especial cuya aplicación resulte expresa o materialmente incompatible con la presente ley; y los supuestos que, por ocupación efectiva del bien, conflicto sustancial de derechos, necesidad de desapoderamiento relevante, ingreso compulsivo no justificado por urgencia estricta o intensidad de la medida pretendida, deban tramitarse por vía judicial.
Registro Provincial de Bienes Intervenidos y destino de fondos
Otro de los puntos detallados en la propuesta presentada tiene que ver con la creación de un Registro Provincial de Bienes Intervenidos, bajo la órbita del Poder Ejecutivo Provincial.
Por otro lado, la iniciativa procura asegurar que los recursos generados por la persecución del narcotráfico retornen institucionalmente al fortalecimiento de las capacidades estatales destinadas a combatir ese mismo fenómeno.
En este sentido, se modifica la ley 10.067 de lucha contra el narcotráfico para establecer un destino específico de los recursos obtenidos por multas. De esta manera, el 60% será destinado al fortalecimiento operativo, logístico, tecnológico, investigativo, de infraestructura, equipamiento y capacitación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Mientras que el 40% restante será para programas, acciones, dispositivos y políticas públicas de lucha contra el narcotráfico bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Trabajo.
