Aportes jubilatorios: el oficialismo busca aprobar un polémico artículo

Hoy se espera una larga y tensa sesión en la Legislatura de Córdoba, donde se discutirá, entre otros aspectos importantes, un controvertido artículo del presupuesto 2026 que habilita al gobernador Martín Llaryora a aumentar en hasta 4 puntos porcentuales los aportes jubilatorios de los empleados públicos.

Se trata del artículo 63 del proyecto de presupuesto que permitiría que se reduzcan los sueldos a partir de un mayor porcentaje de aportes. Según señalan en el oficialismo, la facultad se incluye sólo para que sea utilizada en un caso extremo y enfocada sólo en las jubilaciones más altas. Actualmente, la Caja de Jubilaciones arroja un déficit de 57 mil millones de pesos mensuales y en 2026 podría llegar a los 821 mil millones anuales.

Lo que la Nación envía, que según la administración Llaryora debería estar en 31 mil millones de pesos, son apenas 5 mil millones de pesos. Esa es una obligación establecida por ley, pero el gobierno federal no suele cumplirla; Alberto Fernández envió los fondos sin actualizarlos por inflación; Javier Milei no remitió un peso durante más de un año y recién lo hizo cuando lo impuso la Corte.

Llaryora está buscando alternativas por si la crisis financiera de la Caja hace inviable el pago de las jubilaciones. Una opción es la suba de aportes que, pese a las protestas, el oficialismo pretende aprobar en la sesión de hoy sin ningún tipo de cambios.

Pero en paralelo hay otras medidas en carpeta, porque la potencial suba de aportes es insuficiente para equilibrar un déficit tan abultado. El disparador de ese debate adicional fue el proyecto del legislador socialista Matías Chamorro, que propone declarar la emergencia previsional y cancelar con bonos una parte de las jubilaciones que superen los 2,5 millones de pesos mensuales.

En el oficialismo plantean que el 30 de diciembre podría tratarse una iniciativa que contenga en parte el proyecto de Chamorro. El foco del gobierno está puesto en tres sectores que, a su juicio, cobran jubilaciones “de privilegio”: judiciales, bancarios y empleados municipales de Córdoba. Allí hay haberes de hasta 8 millones de pesos. El gobierno no quiere tocar las jubilaciones, por ejemplo, de docentes y policías, pero sí llegar a un acuerdo sobre los grupos con ingresos más elevados.