En un nuevo escándalo que sacude al Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), dos empleadas de la fuerza quedaron detenidas por su vinculación con la introducción de teléfonos celulares a la Cárcel de Bouwer. Este incidente ha puesto nuevamente en evidencia las vulnerabilidades en los controles internos del sistema penitenciario.

Todo ocurrió durante una requisa de rutina en el Complejo Carcelario N° 1 Padre Francisco Luchesse, conocido como Bouwer. La principal apuntada es una guardiacárcel que fue descubierta durante los operativos de seguridad, control y requisa al personal penitenciario. Según informaron desde la fuerza, intentaba ingresar al establecimiento dos cajas con teléfonos celulares y accesorios en su mochila. Posteriormente, en el registro de su vehículo se encontró otro teléfono en el portaobjetos de la puerta del conductor. Además, la agente entregó un tercer teléfono que ocultaba en el bolsillo derecho de su campera antes de que se revisara su vestimenta.

Fallos en el control

El incidente no solo implica a la guardiacárcel descubierta con los teléfonos, sino también a la operadora del escáner de seguridad. Se constató que esta última no advirtió, y por ende no dio aviso, sobre los dos teléfonos celulares que estaban en el interior de la mochila de su compañera. Como parte del protocolo, se revisó la imagen del escáner, siendo claramente visible la imagen de la plaqueta electrónica de los teléfonos celulares.

Declaraciones oficiales

Carolina Funes, titular del Servicio Penitenciario, confirmó los hechos a Cadena 3 y señaló que “el personal penitenciario no puede ingresar con teléfonos al interior del establecimiento”. Los teléfonos eran nuevos y contaban con todos sus complementos. Se sospecha que iban a ser ingresados para venderse dentro de la prisión a altos precios, dado que un celular en la cárcel puede costar entre 500 mil y un millón de pesos.

Intervención del organismo de control

Inmediatamente después de haber procedido al secuestro de los equipos, se informó lo sucedido a la Subdirección General de Control de Conducta y Gestión Penitenciaria y a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de Feria. Ambas empleadas quedaron detenidas, acusadas del delito de encubrimiento, y fueron puestas en situación pasiva en lo administrativo.

Contexto y Repercusiones

Este caso no es aislado. Se suma a una serie de escándalos similares protagonizados en los últimos tiempos por empleados penitenciarios y policías que son detenidos por intentar ingresar celulares o drogas a los penales. La seguridad y la integridad de los procedimientos internos del SPC han sido cuestionadas repetidamente, lo que ha generado preocupación entre las autoridades y la sociedad.

El ingreso de teléfonos celulares a las cárceles representa un riesgo significativo, ya que estos dispositivos suelen ser utilizados por los reclusos para coordinar estafas y otros delitos desde el interior de los penales.

El Servicio Penitenciario de Córdoba y las autoridades judiciales continúan investigando el caso para determinar si hay más involucrados.