Bullrich ordenó el traslado del jefe de La Fiel tras un audio con amenazas desde la cárcel: “Sin privilegios”
El líder de la barra de Talleres, fue enviado a una cárcel de máxima seguridad por orden del Ministerio de Seguridad de la Nación, luego de que se filtrara un violento audio grabado desde el penal de Bouwer.
En medio de un escándalo que sacude al fútbol cordobés y expone la penetración del crimen organizado en las barras bravas, el Gobierno nacional intervino directamente en el caso de Darío Cáceres, el líder de «La Fiel», la barrabrava del Club Atlético Talleres. Cáceres, condenado por narcotráfico, fue trasladado esta semana desde el penal de Bouwer al módulo de máxima seguridad del penal de Cruz del Eje, y se evalúa su posible reubicación en una cárcel fuera de la provincia, como Ezeiza.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no solo avaló la decisión sino que tomó un rol activo en su ejecución. A través de sus redes sociales, compartió las imágenes del operativo y fue contundente: “¡De una cárcel común a una de máxima seguridad! El peligrosísimo narco cordobés, líder de la barra de Talleres y condenado por traficar 1500 kilos de droga, se quedó sin privilegios. El SPF y la PFA lo trasladaron en un importante operativo. Con nosotros, ley y orden”, expresó.
El traslado se produjo tras la filtración de un audio de más de 15 minutos que Cáceres grabó desde su celda en Bouwer. En el mensaje, se lo escucha proferir amenazas de muerte contra otros integrantes de la barra, en un contexto de disputa interna. “Lo voy a matar, les voy a volar la cabeza. Yo los hice millonarios. Yo manejo una barra hace 20 años, a mí me conocen todos”, dice Cáceres en uno de los tramos más duros.
El audio, difundido en redes sociales y reproducido por medios nacionales, reveló además un complejo entramado de negocios ilegales vinculados a la barrabrava, desde reventa de entradas hasta transporte de hinchas en colectivos para eventos deportivos. Cáceres asegura tener control sobre estas operaciones y haber enriquecido a varios de sus allegados, lo que sugiere una estructura mafiosa con proyección económica.
La gravedad del contenido llevó a que las autoridades penitenciarias de Córdoba realizaran un allanamiento en su celda, desde donde se presume que Cáceres logró comunicarse utilizando un celular ilegal. Tras confirmar la veracidad del material, el Servicio Penitenciario de Córdoba coordinó con el Servicio Penitenciario Federal y la Policía Federal Argentina para ejecutar el traslado bajo estrictas medidas de seguridad.
Este no es el primer escándalo que involucra a Darío Cáceres. En 2023, fue condenado a ocho años y medio de prisión por liderar una organización narco que traficó más de 1.200 kilos de marihuana desde Corrientes. En el mismo proceso fueron condenadas otras 14 personas, varias de ellas vinculadas al mundo del fútbol y a la propia hinchada de Talleres. Además, en 2019 había sido sancionado judicialmente por realizar publicaciones intimidantes en redes sociales contra directivos del club, entre ellos el presidente Andrés Fassi.
Ahora, con el foco puesto en su figura, el Gobierno nacional busca enviar una señal clara: no habrá tolerancia con el crimen organizado vinculado al deporte. “Sin privilegios” fue la consigna que repitió Bullrich, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de trasladar a Cáceres al penal federal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, para aislarlo completamente de su red de contactos en Córdoba.
La decisión generó repercusiones en el ambiente futbolístico y político. Organizaciones que promueven la erradicación de la violencia en el deporte celebraron la medida, mientras que desde el entorno de la barra no se han emitido declaraciones oficiales. El Club Talleres, por su parte, aún no se pronunció públicamente sobre la situación de Cáceres ni sobre la posible implicancia del club en los negocios revelados por el audio.
Con este operativo, el Gobierno busca marcar un precedente en su política de “ley y orden”, enfocada particularmente en combatir el poder de las barras bravas y sus vínculos con redes delictivas. El caso Cáceres no solo pone en evidencia la fragilidad del sistema penitenciario —al permitir que un preso de alto perfil pueda emitir amenazas desde su celda— sino también el nivel de influencia que estas organizaciones alcanzan fuera de los estadios.
La situación sigue bajo investigación y no se descarta que, a partir del audio filtrado, se reabran causas o se impulsen nuevas investigaciones sobre las actividades económicas de La Fiel y su relación con sectores políticos, sindicales y del fútbol cordobés. En paralelo, Bullrich aseguró que continuará impulsando acciones para cortar con el poder de las mafias en el deporte. “Con nosotros, ley y orden”, insistió.
