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septiembre 24, 2026
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Sobreseyeron a cinco imputados de la causa de los laboratorios de la UNRC

El Juzgado Federal resolvió el sobreseimiento de Marcela Daniele, Lila Bernardi, Sergio Alemano, Susana Suárez y María Laura Ramírez, quienes estaban imputados por encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes.

En el marco de la causa que investiga el uso indebido de los laboratorios de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), el Juzgado Federal de esa ciudad del sur cordobés sobreseyó a cinco imputados, acusados de los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El caso avanza bajo la intervención del fiscal federal Rodolfo Cabanillas.

De acuerdo a lo confirmado por Puntal, se trata de Marcela Daniele, Lila Bernardi, Sergio Alemano, Susana Suárez y Laura Ramírez.

En paralelo, la Justicia federal resolvió que continúen procesados los acusados por presunto peculado, administración infiel y defraudación: Lucas Gallarato, Oscar Masciarelli, Roxana Judith Reynaga, Analía Llanes y Julia Iparraguirre.

También se procesó a Gabriel Andrés Aguilar Mansilla por el delito de encubrimiento.

Tras la confirmación de los procesamientos, investigan el daño económico que sufrió la UNRC por la utilización fraudulenta de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Exactas.

En la resolución, los camaristas avalaron parcialmente los argumentos de la investigación y ratificaron la continuidad del expediente penal. El caso se tramita bajo la figura de presunta malversación de fondos públicos y utilización indebida de recursos estatales.

El mismo medio indicó que la pesquisa busca determinar el alcance económico de las operaciones realizadas y establecer si existió perjuicio para la universidad nacional. Además, se analiza el rol específico que habría tenido cada uno de los imputados dentro del esquema investigado.

Los detalles del caso

Según lo publicado por el sitio Fiscales, la causa se originó tras una emisión radial realizada en noviembre de 2024, en la que un abogado manifestó que era patrocinante de una docente de la Facultad de Ciencias Exactas que había denunciado irregularidades internas.

Basándose en los datos vertidos en esa acusación, la investigación judicial pudo determinar luego que los imputados operaban bajo el nombre comercial “A&B Agrobiotech Diagnóstica” y ofrecían servicios de laboratorio que, según las actuaciones, eran idénticos a los prestados oficialmente por la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).

La investigación se centró en las sospechas sobre la utilización de los laboratorios N°5 y N°6 de la UNRC para la prestación de servicios privados vinculados con análisis biológicos, ensayos y asesoramientos técnicos destinados a empresas y particulares.

El fiscal Cabanillas argumentó que los procesados, para llevar a cabo estas actividades, utilizaron recursos pertenecientes a la universidad pública para obtener beneficios económicos por fuera de los mecanismos institucionales previstos para ese tipo de prestaciones. Además, los camaristas enfatizaron que no pudo acreditarse que las personas imputadas contaran con laboratorios propios donde pudieran desarrollar los servicios que comercializaban.

De acuerdo con la investigación, el mecanismo incluía un sistema de facturación paralela, en la cual una parte de los servicios era cobrada y facturada a nombre de la Universidad, mientras que otra se realizaba a título personal de los involucrados.

“¿Sabés la cantidad de curritos que hay ahí adentro?“

Entre los elementos de prueba considerados por los vocales de la Cámara, Graciela Montesi, Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres, se encuentran escuchas telefónicas y conversaciones en las que uno de los imputados, Masciarelli, hacía referencia a la existencia de supuestos negocios particulares dentro de la institución.

Una de las expresiones incorporadas a la causa registra a Masciarelli preguntando: “¿Sabés la cantidad de curritos que hay ahí adentro?“. Según la investigación, la frase fue interpretada en el contexto de las maniobras vinculadas con el cobro de servicios por fuera de los canales administrativos de la Universidad.

Las escuchas también habrían registrado conversaciones en las que los acusados analizaban cómo reemplazar informes vinculados con su emprendimiento privado, con el objetivo de evitar responsabilidades frente a la investigación que ya se encontraba en curso.