Siete policías de la FPA irán a juicio por la desaparición de droga secuestrada en Cruz del Eje
Sospechan que usaban estupefacientes incautados como moneda de cambio con informantes. También están imputados un fiscal y su secretario por encubrimiento.
La Justicia de Córdoba resolvió elevar a juicio la causa que tiene a siete efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), acusados por la presunta desaparición de droga que había sido incautada en operativos realizados en el norte de la provincia de Córdoba. La investigación, que salió a la luz en octubre del año pasado, apunta directamente a la brigada de la FPA con sede en la localidad de Cruz del Eje.
El fiscal Juan Pablo Klinger, a cargo de la causa, sostuvo que los uniformados están acusados de conformar una asociación ilícita que sustrajo estupefacientes del depósito oficial. Según la imputación, la droga era entregada a informantes como “moneda de cambio” para obtener resultados operativos aparentes, manipulando así el desempeño de la fuerza.
Los policías imputados son Luis Rubén Benavídez, Diego Omar Bertino, Néstor Javier Márquez, Raúl Eduardo Moreno, Isidro David Rivero, Antonio Eduardo Ruiz y Sergio Ruiz. Todos ellos deberán responder ante la Justicia por delitos vinculados a la asociación ilícita y el desvío de drogas secuestradas.
Al conocerse el caso, el fiscal Klinger fue contundente: “Se les achaca haber conformado una organización delictiva que tenía como fin fundamental realizar una serie indeterminada de actividades ilícitas valiéndose de la estructura de la fuerza”. Además, señaló que los imputados habrían actuado movidos por beneficios personales dentro de su función policial.
Paralelamente, también fueron imputados el fiscal de Lucha Contra el Narcotráfico Raúl Ramírez y su secretario, Pablo Bazán. Ambos están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento por omisión de denuncia. La hipótesis judicial sostiene que habrían tenido conocimiento del faltante de droga y no actuaron como era debido.
La causa contra Ramírez y Bazán quedó radicada en el Juzgado de Control N° 3 de Córdoba, a cargo del juez Pablo Agustín Cafferata, quien lleva adelante la investigación sobre su desempeño.
