Revocan el procesamiento de Oscar González: la causa sigue abierta y con prisión domiciliaria
La Justicia federal entendió que el procesamiento fue apurado, pero dejó en claro que la investigación está lejos de terminar. Mientras se espera una pericia clave sobre su patrimonio, el exlegislador sigue detenido en su casa y bajo la mirada de los tribunales.
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió revocar el procesamiento del exlegislador Oscar González en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El fallo no significa una absolución ni un cierre del expediente: lo que dijeron los jueces es que todavía falta una prueba central para saber si González podrá o no ser llevado a juicio.
Se trata de una pericia contable que debe determinar si el crecimiento de su patrimonio se explica con los ingresos que declaró a lo largo de su carrera política. Hasta que ese estudio no esté terminado, la Cámara consideró que el procesamiento fue “prematuro” y le ordenó al juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja que acelere su incorporación.
Sin embargo, la decisión tuvo un límite claro. Los camaristas rechazaron el pedido de excarcelación y confirmaron que González continuará con prisión domiciliaria. Para el tribunal, siguen existiendo riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, vinculados tanto a la gravedad de los delitos como a la influencia que el imputado supo acumular durante décadas en el poder.
La causa federal se inició a partir de una denuncia presentada por la legisladora provincial de la oposición Luciana Echevarría, quien pidió que se investigue el patrimonio de González luego del choque fatal de las Altas Cumbres. El planteo se apoyó en presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas, con bienes valuados muy por debajo de los valores de mercado y movimientos patrimoniales posteriores al siniestro que despertaron sospechas sobre el origen y la real magnitud de su fortuna.
En ese contexto, la denuncia advirtió sobre el riesgo de que, ante eventuales reclamos judiciales, el estado patrimonial declarado no reflejara la verdadera capacidad económica del exlegislador, lo que derivó en la apertura de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en la Justicia Federal.
Oscar González no es un nombre más en la política cordobesa. Fue diputado nacional, legislador provincial y presidente provisorio de la Legislatura durante años. Construyó una carrera extensa, siempre cerca del centro de las decisiones, y esa trayectoria es hoy uno de los elementos que la Justicia tiene en cuenta para evaluar su conducta procesal. Según la Cámara, sus vínculos y su peso político podrían facilitar maniobras para trabar o demorar el avance de la causa.
La investigación apunta a un incremento patrimonial considerado injustificado entre los años 2005 y 2021, además de movimientos posteriores destinados a “blanquear” bienes de origen presuntamente ilegal. Ya se incorporaron tasaciones de inmuebles y documentación fiscal, pero el punto clave sigue siendo la pericia contable integral, que deberá realizar el Cuerpo de Peritos Oficiales de la Corte Suprema.
El fallo también menciona episodios que complican la situación del exlegislador. La fiscalía advirtió que, en una primera etapa, hubo dificultades para concretar pericias sobre algunos inmuebles, lo que obligó a pedir órdenes de allanamiento para que los peritos pudieran ingresar. Para los jueces, ese comportamiento refuerza la idea de que, en libertad, González podría entorpecer la investigación.
La causa por enriquecimiento ilícito y lavado no nació de la nada. Es una derivación directa del expediente que se abrió tras la tragedia vial de las Altas Cumbres, un hecho que marcó un antes y un después en la figura pública de González. En octubre de 2022, al volante de una BMW, el entonces legislador protagonizó un choque frontal contra un Renault Sandero, en el que murió la docente Alejandra Bengoa, de 54 años, y dos adolescentes resultaron gravemente heridas; una de ellas quedó parapléjica. En esa causa, González está imputado por homicidio culposo agravado y lesiones gravísimas y, aunque pidió una probation para evitar el juicio a cambio de una reparación económica, la Justicia rechazó el planteo. El expediente ya fue elevado a juicio oral y público y, si bien todavía no hay fecha fijada, el proceso seguirá su curso en los tribunales de Villa Dolores.
Ese siniestro, que todavía se discute en la Justicia provincial bajo la figura de homicidio culposo agravado y lesiones gravísimas, expuso no solo una conducta al volante, sino también una forma de ejercer el poder. A partir de allí surgieron denuncias sobre su patrimonio, sus bienes y la posible falta de correspondencia entre su nivel de vida y sus ingresos formales.
Hoy, a los 77 años, González permanece detenido en su casa de Villa Dolores, con monitoreo y bajo control judicial. La Cámara valoró su edad y su estado de salud, pero sostuvo que esas condiciones ya están contempladas en la modalidad domiciliaria y no justifican su liberación.
La revocación del procesamiento es, por ahora, una decisión técnica. La investigación sigue en marcha y el foco está puesto en una pericia que puede resultar decisiva. Mientras tanto, el caso mantiene en primer plano una pregunta incómoda para la política cordobesa: qué pasa cuando el poder, durante años concentrado, empieza a ser revisado por la Justicia.
