Revés para Chiqui Tapia: la IGJ suspende la asamblea de reelección en la AFA
La Inspección General de Justicia suspendió la asamblea del 17 de octubre, donde se iba a votar la reelección de Claudio Tapia como presidente de la AFA. El organismo aceptó el reclamo presentado por Talleres.
La Inspección General de Justicia (IGJ) ordenó la suspensión de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), programada para el 17 de octubre. En este encuentro, se esperaba la reelección de Claudio «Chiqui» Tapia como presidente, cargo que ocupa desde 2017. La IGJ falló a favor del reclamo del Club Talleres de Córdoba, que cuestionaba la convocatoria anticipada de las elecciones.
En dicha asamblea, además de la reelección de Tapia, se pretendía aprobar la eliminación de los descensos en el fútbol argentino y volver a un esquema de 30 equipos en la Primera División. Estas decisiones ahora quedan suspendidas y generan incertidumbre sobre el futuro de la AFA.
El club cordobés, presidido por Andrés Fassi, argumentó que la convocatoria a elecciones un año antes de lo previsto no ofreció tiempo suficiente para que otros clubes presentaran candidaturas. También señalaron que la anticipación limitaba el debate democrático necesario para decidir el futuro del fútbol argentino.
La IGJ consideró estos argumentos válidos y resolvió detener la asamblea. Además, aclaró que la AFA no puede avanzar con ninguna decisión relacionada con la elección de autoridades hasta que se resuelva el litigio judicial. La apelación podría tomar varios meses, postergando la posible reelección de Tapia.
Claudio Tapia, por su parte, podría apelar el fallo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. No obstante, la duración del proceso judicial implicaría un retraso significativo, afectando sus posibilidades de ser reelegido en tiempo y forma. De ignorar el fallo y realizar la asamblea de todos modos, tanto él como los participantes podrían enfrentar cargos penales por desobediencia a la autoridad.
El artículo 239 del Código Penal establece penas de hasta un año de prisión para quienes desobedezcan a un funcionario público. Además, los directivos que avalen actos contrarios a la ley también podrían ser sancionados bajo el artículo 301.
Este revés para Tapia pone en pausa su continuidad al frente de la AFA, mientras la institución se enfrenta a una batalla legal que podría prolongarse y complicar la estabilidad del fútbol argentino.
