Revés judicial para los dueños de Grido en una causa por asociación ilícita fiscal: revocaron su sobreseimiento
Por mayoría, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió revocar la decisión del Tribunal Oral Federal N.º 2 de Córdoba. En 2013 los hermanos Santiago habían reconocido la existencia de delito.
Los propietarios de Helacor S.A., la empresa detrás de las heladerías Grido, sufrieron un nuevo revés en la causa en la que se los acusa de integrar una asociación ilícita fiscal vinculada a maniobras de evasión impositiva realizadas entre los años 2007 y 2012.
Por mayoría, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió revocar la decisión del Tribunal Oral Federal N.º 2 de Córdoba, que en agosto pasado había decretado la extinción de la acción penal. El fallo fue firmado por los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, y alcanza a los directivos de la firma: Oscar Lucas Santiago, Lucas Santiago y Sebastián Oscar Santiago.
La investigación comenzó en mayo de 2012, cuando la entonces AFIP (actualmente denominada ARCA, bajo la gestión del presidente Javier Milei) detectó maniobras de evasión a gran escala. Según el organismo, el esquema tenía como finalidad introducir la marca Grido en nuevos mercados utilizando personas físicas de confianza o sociedades integradas por los propios directivos y terceros afines.
«El fraude consistía en introducir la marca en nuevos mercados, instalando las primeras heladerías a nombre de personas físicas de confianza de los directivos o de sociedades integradas por los mismos junto a terceros leales a ellos”, señaló la AFIP en su denuncia.
Durante la investigación se llevaron a cabo 18 allanamientos en distintos puntos del país para rastrear las llamadas “operaciones W”, un sistema de evasión fiscal que, según el organismo, era implementado y controlado directamente por los ejecutivos de la empresa.
En 2013, los hermanos Santiago adhirieron al régimen de regularización de activos dispuesto por la Ley 26.860, donde reconocieron el delito y suscribieron Certificados de Depósito para Inversión (Cedin) por un monto de US$ 2 millones.
Además, ofrecieron una “reparación integral del daño causado” con la promesa de destinar $240 millones a organizaciones de bien público. También solicitaron la aplicación retroactiva del decreto 608/24, con el objetivo de cerrar el proceso penal.
Sin embargo, con la decisión de Casación, el caso no está cerrado y podría derivar en un juicio oral o en un nuevo acuerdo económico, abriendo un nuevo capítulo judicial para una de las cadenas de heladerías más grandes de América Latina.
