Procesados: Saillén y Catrambone serán juzgados por lavado de dinero, asociación ilícita y usura

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento de los sindicalistas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, históricos dirigentes del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. Los jueces instaron al juez de la causa, Alejandro Sánchez Freytes, a dar celeridad a los procedimientos para que esta causa sea juzgada en conjunto con el expediente principal, actualmente suspendido.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 (TOF1) había decidido la semana pasada postergar el juicio principal, que los acusa de asociación ilícita, defraudación y usura, hasta que se resolviera la causa por lavado de dinero. A su vez, el TOF1 rechazó el ofrecimiento de 750 mil dólares hecho por los acusados para reparar los daños provocados por las supuestas maniobras de usura en el sindicato y la mutual, en un intento de evitar el juicio oral.

Según la resolución de la Cámara Federal, la causa se reactivará con rapidez para que ambos juicios, el de lavado y el de asociación ilícita, se unifiquen y permitan un “juzgamiento integral”. El fallo contó con el voto del camarista Abel Sánchez Torres, quien rechazó los argumentos de la defensa al considerarlos “intentos de posicionar a los acusados en una mejor situación procesal”. En la resolución, los jueces ordenaron a Sánchez Freytes que comunique la situación al fiscal federal N°1, Enrique Senestrari, y a la Unidad de Información Financiera (UIF) para avanzar hacia el juicio final, destacando la importancia de unificar las causas para agilizar el proceso judicial.

Las acusaciones que pesan sobre Saillén y Catrambone apuntan a la compra de inmuebles y vehículos de alto valor para “dotarlos de apariencia lícita”, según la investigación dirigida por el fiscal Senestrari. La acusación sostiene que entre 2012 y 2019 los dirigentes habrían utilizado testaferros para adquirir propiedades y vehículos, valiéndose de familiares y allegados en sus operaciones de compraventa. Entre los bienes que figuran en la causa se encuentran terrenos y residencias de lujo ubicados en localidades de alto valor inmobiliario, como Las Corzuelas y Cura Brochero, además de una lista de vehículos de alta gama, que incluyen marcas como Mercedes-Benz, BMW y Volkswagen Amarok.

En esta causa también están implicados familiares de ambos sindicalistas y varios allegados, quienes habrían prestado sus nombres para justificar estas compras. Entre los imputados adicionales figuran Darío Saillén y Agustín Catrambone, así como colaboradores del sindicato como Héctor Gabriel Blanes y Juan Carlos Delgado. La Cámara de Apelaciones señaló que los acusados no han logrado justificar sus ingresos en relación con el valor de los bienes adquiridos, lo cual fundamenta la acusación de lavado de activos.

En relación con el proceso, el juez Sánchez Torres destacó la relevancia de juzgar todas las conductas en forma unificada, asegurando una revisión más eficaz y exhaustiva de los hechos. Además, subrayó la importancia de evitar que tribunales orales apliquen criterios dispares, ya que en este caso se investiga una red de presuntos delitos que involucra recursos de afiliados y una organización sindical de fuerte influencia.