Tras la difusión de presuntos audios atribuidos a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, en el canal de streaming Carnaval, el Gobierno recurrió a los tribunales. Presentó una denuncia penal por espionaje ilegal y una demanda en el fuero Civil y Comercial Federal para impedir la difusión de nuevos audios de la secretaría General de la Presidencia que habrían sido grabados en Casa Rosada.

En este contexto, el ex miembro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda cuestionó el fallo del juez Alejandro Patricio Maraniello: “Lamento que un juez de primera instancia a quien no conozco haya tomado esta decisión. Estoy desilusionado porque un hombre de la Justicia haya hecho esto. La sentencia en sí misma hace un desarrollo sobre la jurisprudencia de la Corte a favor d la libertad de expresión y en un momento hace un giro copernicano y da lugar a un pedido de una cautelar”.

A su vez, el ex integrante del máximo tribunal aseguró que se trata de un hecho “inédito”, pero confió que la decisión de primera instancia “puede ser revocada y si llega a la Corte Suprema no me caben dudas que la dejará de lado”.

“Nos encontramos ante una censura previa, que está prohibida en la Constitución y en la letra de los tratado internacionales”, aseveró en una entrevista con La Voz.

Además, no dudó en calificar al episodio de “un papelón” y concluyó: “Lamento que quienes se jactan haber venido en nombre de la libertad atenten contra la libertad de expresión, que es la primera de las libertades. No pueden sostener con el cuerpo lo que dicen con la lengua. Quienes se precian como liberales no serían capaces de hacer una demanda de este tipo”.

La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei

Tras la denuncia del Gobierno, la Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El fallo prohíbe que medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas emitan las grabaciones realizadas en la Casa Rosada.

“Considero que corresponde admitir la protección cautelar requerida con el alcance que se establece a continuación. Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025- como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”, indica el documento que compartió el vocero presidencial, Manuel Adorni, en redes sociales.

Al respecto, el portavoz agregó: “La Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

El fallo responde a la denuncia que presentó este lunes el Gobierno ante la Justicia federal por una presunta “operación de inteligencia ilegal” que tuvo como presunto objetivo “desestabilizar al país en plena campaña electoral” mediante la difusión de audios privados.

La presentación judicial fue realizada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y quedó radicada en el juzgado federal N.º 12. En el escrito, al que accedió TN, se señala que la maniobra constituye “un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”, y que se trataría de “una operación de inteligencia no institucional prohibida por la Ley 25.520”.

Según la denuncia, los hechos configuran una secuencia organizada que incluyó espionaje ilegal, edición clandestina de audios y su posterior difusión con fines políticos, justo en la antesala de las elecciones legislativas. La gravedad institucional —insisten— se potencia por la posibilidad de que las grabaciones se hayan realizado dentro de la propia Casa Rosada.

El canal de streaming Carnaval —donde se difundieron por primera vez las grabaciones, en el programa “Data Clave”— fue señalado como uno de los epicentros de la maniobra. Allí, el periodista Mauro Federico aseguró disponer de “más de cincuenta minutos de audios” de Karina Milei y anticipó que serían difundidos de manera progresiva.

Desde el Gobierno apuntan también contra el empresario Pablo Toviggino (vinculado a la AFA), el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, señalado por sus presuntos vínculos con servicios de inteligencia y operadores del kirchnerismo. Todos ellos son mencionados como posibles partícipes de una red que, según la denuncia, busca “afectar las variables económicas más importantes, alterar la campaña electoral y generar violencia contra funcionarios del oficialismo”.

En paralelo a la vía judicial, la Casa Rosada trabaja para determinar si los audios fueron intervenidos digitalmente y si el contenido fue editado con fines de manipulación política.

Bullrich: «Denunciamos a personas ligadas a servicios de inteligencia rusos»

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, elevó este lunes la tensión en torno a la filtración de los audios de Karina Milei al asegurar que el Gobierno denunció a «personas ligadas a servicios de inteligencia rusos» por el hecho y sugirió que también podría haber «incidencia de Venezuela».

Según supo Noticias Argentinas, en diálogo con el programa «Pan y Circo» de Radio Rivadavia, la ministra calificó la grabación ilegal en la Casa Rosada como «algo inédito e increíble» que pone al país en una «situación de indefensión». Bullrich afirmó que se trata de una «impresionante maniobra de inteligencia» y se comprometió a «trabajar a fondo» para esclarecerla.

La funcionaria describió la estrategia de los responsables como una tortura psicológica, al señalar que planean entregar la grabación «en pedacitos, como si fuese una serie». Además, enmarcó el episodio dentro de una ofensiva mayor contra el Gobierno. «No podemos ser ingenuos, nos quieren mover la economía, hacer subir el precio del dolar, todo es contra el gobierno. Nos tiran piedras en cada acto que vamos, ahora nos tiras audios grabados en la propia casa de gobierno», manifestó.

Bullrich también reveló las estrictas medidas de seguridad que ya se toman en el Ejecutivo para evitar filtraciones, al confirmar que «en las reuniones de gabinete ningún funcionario entra con el teléfono». Finalmente, prometió una dura respuesta del Gobierno ante lo que considera un ataque de «la mafia». «La verdad no se defiende sola. Vamos a defender la verdad a muerte», concluyó.

El juez que prohibió publicar los audios de Karina tiene ocho denuncias en su contra, cinco por acoso sexual

El juez civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello, que prohibió difundir los supuestos audios de Karina Milei, teóricamente grabados en la Casa Rosada, tiene ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de las cuales son por casos de acoso sexual contra sus empleadas.

En septiembre de 2024, además, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) celebró haber logrado que se disponga “una consigna policial en el horario laboral” dentro del juzgado de Maraniello para “resguardar” a los empleados.

El magistrado fue notificado de los cargos en su contra para que se defienda, según el artículo 11 del reglamento de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, presidida por el concejero abogado César Grau.

El juez, dijeron sus allegados, niega todas las acusaciones y señala que son todas una falacia.

A diferencia de lo que se debate en la Comisión de Acusación del Consejo, que puede promover un juicio político, en la de Disciplina se debaten sanciones menos graves, como por ejemplo el descuento de parte de su sueldo.

Según el procedimiento, Maraniello fue notificado el 19 de agosto pasado, y desde entonces tiene un plazo de 20 días para ejercer su defensa por escrito, designar abogado, ofrecer pruebas y manifestar lo que considere pertinente.

Entre los expedientes en curso por abuso sexual, que son cinco, se destaca el testimonio de una empleada que declaró haber sido hostigada por el juez a menos de una semana de comenzar a trabajar en su juzgado.

La mujer relató que aceptó salir con el magistrado fuera del ámbito laboral por temor a perder su empleo. Pero en esa ocasión -según su denuncia- fue víctima de tocamientos y besos no consentidos. Luego se vio forzada a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación, declaró.

En otro de los expedientes, una agente de su juzgado declaró haber recibido mensajes por redes sociales de parte del magistrado, comentarios sobre su vestimenta, miradas inapropiadas y maltrato al no acceder a pedidos fuera del ámbito laboral.

La víctima sostuvo que los episodios continuaron en el tiempo con acercamientos físicos forzados y comentarios inapropiados, lo que la llevaron a medicarse y tener ideas suicidas antes de animarse a denunciar en la Unidad de Bienestar Laboral.

El caso llegó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, donde ratificó sus dichos, aunque expresó que no quería instar la acción penal.

Pese a ello, la fiscal Mariana Labozzetta consideró que podrían configurarse delitos de acción pública debido a la condición de funcionario judicial, por lo que el expediente quedó en manos de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.

La Comisión de Disciplina continuará con la evaluación de las pruebas y el análisis de los hechos denunciados, en el marco del proceso disciplinario que podría derivar en sanciones o, eventualmente, en un pedido de remoción del magistrado, si es que eventualmente, alguno de los expedientes pasa a la Comisión de Acusación

Hay ocho expedientes en total contra el juez, cinco de los cuales son por acoso. Muchos están interrelacionados, por que son envíos realizados por la Cámara Contencioso Administrativo y la Oficina de Bienestar, remitiendo actuaciones.

La documentación de las acusaciones contra el juez están en anexos reservados, por lo que no hay acceso público a cada expediente.

Los cargos son presunto abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional.

El gremio de la Aefpjn expresó en su denuncia que, “a medida que las autoridades y profesionales de este sindicato afectados a la asistencia de víctimas se van entrevistando con personas que son o han sido dependientes del Dr. Maraniello van tomando conocimiento de más y más casos en tiempos distintos y por situaciones diferentes”.

El sindicato se refirió a la situación de vulnerabilidad de la empleada, hija de un camionero (situación que el juez le habría hecho notar en tono peyorativo), su carácter de trabajadora interina, su necesidad de ese empleo para subsistir y su condición de estudiante de derecho, primera generación universitaria en su familia.

El juez tiene una página web con noticias sobre premios recibidos y un frondoso currículum con más de 20 libros publicados y donde se destaca como presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.