Mano dura y menos beneficios: así será el nuevo Código Penal que impulsa Milei
Uno de los cambios más profundos es la imprescriptibilidad de delitos como abusos sexuales, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico.
El Gobierno de Javier Milei avanza con un profundo rediseño del sistema punitivo argentino a través de un nuevo Código Penal que promete endurecer penas, limitar beneficios y declarar imprescriptibles una amplia lista de delitos graves. El anteproyecto busca cerrar la llamada “puerta giratoria” y garantizar que las condenas se cumplan de manera efectiva.
La propuesta eleva los mínimos y máximos en delitos clave, como homicidios, robos, lesiones, abuso de armas y delitos vinculados a explotación sexual infantil, y suma nuevas agravantes en casos de homicidio, incluidos aquellos contra el Presidente, ministros y grupos especialmente vulnerables. También incorpora figuras específicas para modalidades delictivas como “motochorros” o “viudas negras”, con fuertes incrementos en las penas.
Uno de los cambios más profundos es la imprescriptibilidad de delitos como abusos sexuales, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico. La premisa del Ejecutivo es que la gravedad de esos hechos “no puede quedar sujeta al paso del tiempo”.
El proyecto también restringe beneficios penitenciarios: eleva los mínimos para que el 82% de los delitos se cumpla con prisión efectiva, amplía el listado de casos sin posibilidad de condena condicional y limita las liberaciones anticipadas, especialmente para reincidentes y condenados por delitos violentos. Además, propone que las penas comiencen a ejecutarse una vez rechazado el recurso extraordinario, sin necesidad de esperar un fallo de la Corte Suprema.
Las reformas incluyen, además, la eliminación de jubilaciones de privilegio para funcionarios condenados, el fortalecimiento del marco de legítima defensa y una mayor participación de las víctimas en decisiones relacionadas con el cumplimiento de las penas. El Gobierno sostiene que el nuevo esquema “terminará con la impunidad” y colocará a las víctimas en el centro del proceso penal.
