Impulsan la «Ley Joaquín» en la Legislatura: se creará un régimen de protección para las víctimas

Legisladores provinciales impulsan en la Unicameral la aprobación de la “Ley Joaquín”, la cual busca crear un régimen de protección para las víctimas. La iniciativatoma su nombre del caso de Joaquín Sperani, el adolescente asesinado en Laboulaye.

“Es un paso adelante en lo que es la justicia para las víctimas en tener derechos”, dijo ayer a Puntal Mariela Flores, la madre del adolescente asesinado en Laboulaye.

El debate volvió a tomar impulso en la Comisión de Seguridad de la Legislatura.

“Estuve cuando se trató el tema. Esto es un paso adelante en lo que es la justicia para las víctimas en tener derechos. En el caso de Joaquín se vulneraron todos los derechos constitucionales y se priorizaron los derechos de los otros”, sostuvo Mariela.

“Esta ley especifica que sea en proceso de menores y para que otros casos no pasen por los atropellos que hemos pasado”, añadió la madre.

“La víctima no es un objeto sino un sujeto de derecho”, expresó. “También pedimos la capacitación de los funcionarios públicos”, manifestó.

El debate por la “Ley Joaquín” volvió a tomar impulso en la Comisión de Seguridad, presidida por el legislador Juan Manuel Llamosas.

Durante el encuentro, la familia del joven participó activamente y aportó su mirada sobre la necesidad de reformar el sistema judicial.

Desde el oficialismo señalaron que el proyecto implica pasar de un reconocimiento formal de derechos a su aplicación efectiva, garantizando trato digno, acceso a la información, intervención en las causas, asistencia interdisciplinaria y medidas de protección.

En paralelo, la oposición también presentó propuestas para enriquecer el debate, aunque existe consenso en avanzar hacia una normativa que brinde respuestas concretas a las familias afectadas por delitos.

Mariela remarcó la importancia del proyecto mencionado y sostuvo que en el caso de su hijo “se vulneraron todos los derechos constitucionales”, al tiempo que reclamó capacitación para los funcionarios y un enfoque que reconozca a la víctima como “sujeto de derecho”.