Frenan el fallo que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF
Una corte de apelaciones de Nueva York otorgó una suspensión temporal administrativa. Las partes tienen hasta el 22 de julio para presentar sus argumentos.
La Justicia de Estados Unidos le dio hoy un alivio momentáneo a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. Una Corte de Apelaciones de Nueva York decidió suspender de forma temporal y administrativa la ejecución del fallo que obligaba al país a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos demandantes.
La decisión fue tomada para que ambas partes puedan presentar sus argumentos y así permitir un análisis más ordenado de la situación. El fondo Burford Capital, principal demandante, tiene tiempo hasta este jueves 17 de julio para oponerse formalmente al pedido de la Argentina. Luego, el Estado argentino responderá el martes 22 de julio, explicando por qué considera que esa suspensión debe mantenerse hasta que se resuelva la apelación completa.
Mientras tanto, se espera que en los próximos días se designe a los tres jueces que integrarán la sala de la Cámara de Apelaciones. Una vez que se presenten todos los escritos y los jueces estén definidos, la Cámara podrá decidir si acepta el pedido de Argentina para suspender la entrega de las acciones hasta que se revise todo el fallo original.
La sentencia en cuestión fue firmada el 30 de junio por la jueza Loretta Preska, quien ordenó al país entregar el paquete mayoritario de acciones de YPF como parte de una condena de USD 16.100 millones por la forma en que se realizó la expropiación en 2012.
Si la Cámara acepta el pedido argentino, esa orden de entrega quedará suspendida hasta que se resuelva la apelación. Pero si lo rechaza, la decisión de Preska volverá a estar vigente y Argentina deberá avanzar con la entrega de las acciones.
Aunque no hay un plazo fijo, se estima que la apelación completa no será resuelta antes de 2026, por lo que la decisión de la Cámara sobre si suspende o no el fallo puede ser clave para ganar tiempo y evitar un impacto inmediato en los activos del Estado.
