Elevan a juicio una causa por estafas con viviendas prefabricadas: diez personas acusadas

La Justicia de Córdoba decidió enviar a juicio una causa por asociación ilícita y estafas vinculadas a la construcción de viviendas prefabricadas. La investigación apunta contra diez personas acusadas de engañar a decenas de familias con promesas de casas que nunca se terminaron o directamente no se construyeron.

La resolución fue tomada por el Juzgado de Control en lo Penal Económico, que avaló el pedido de la fiscalía para que el caso avance a la etapa de juicio oral. El juez Gustavo Hidalgo rechazó los planteos de las defensas y también resolvió que el supuesto líder de la organización continúe detenido.

Según la causa, los acusados operaban a través de distintas empresas y nombres comerciales, entre ellos Next House, Forte Desarrollista e Innova Desarrollista. Desde allí ofrecían viviendas prefabricadas con plazos de entrega cortos y supuestos pagos por avance de obra, una modalidad que resultaba atractiva para personas que buscaban acceder a una casa propia.

Sin embargo, de acuerdo con la acusación, una vez que los clientes entregaban el dinero comenzaban los incumplimientos. Las obras se demoraban, se paralizaban o directamente no se iniciaban, mientras que los responsables exigían nuevos pagos con distintas excusas o modificaban los contratos originales.

La investigación sostiene que el grupo tenía roles bien definidos. Había un jefe que negociaba directamente con las víctimas, personas encargadas de coordinar las maniobras y otros integrantes que actuaban como vendedores, referentes comerciales o prestanombres de las empresas.

Para captar clientes, utilizaban publicidad en redes sociales y páginas web con imágenes llamativas, renders de viviendas que no existían y fotos de obras ajenas presentadas como propias. También exhibían referencias falsas para generar confianza.

El expediente reúne testimonios de ex empleados, intercambios de mensajes entre los imputados y documentación que respalda la versión de las víctimas. Esa prueba fue clave para que el juez considerara que hay elementos suficientes para llevar el caso a juicio.

Los hechos investigados involucran a más de 30 damnificados de Córdoba y de otras provincias. Muchos de ellos entregaron sumas millonarias, ya sea en efectivo, transferencias bancarias u otros bienes, sin recibir a cambio la vivienda prometida o quedando con construcciones inconclusas y de mala calidad.

Ahora será un tribunal de juicio el que deberá determinar las responsabilidades penales de los acusados y el alcance de los perjuicios causados.