Doble femicidio de Laurta: un juicio que avanza sin incluir a todas las voces

La causa por el doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, dio un paso clave esta semana: la Justicia de Córdoba resolvió su elevación a juicio. Es una instancia decisiva en el proceso penal contra Pablo Rodríguez Laurta, acusado de haber asesinado a ambas mujeres en octubre pasado en una vivienda de barrio Villa Serrana. Sin embargo, el avance judicial llega acompañado de una herida abierta: las hermanas de las víctimas no pueden participar como querellantes, una exclusión que vuelve a poner en debate los límites de la ley cordobesa frente al dolor, la memoria y el derecho a la verdad.

La elevación a juicio implica que el fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, consideró reunidas las pruebas suficientes para que el caso sea debatido en un juicio oral y público, donde se determinará la responsabilidad penal del imputado. No hay aún fecha definida, pero sí un escenario concreto: Laurta deberá sentarse en el banquillo acusado de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género, además de violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.

Para las familias, este paso no es un cierre. Es, apenas, el inicio de una nueva etapa cargada de expectativa, angustia y preguntas sin respuesta.

En paralelo al avance de la causa, se consolidó una situación que genera profundo malestar: Laura Giardina, hermana de Luna, y Mirna Zamudio, hermana de Mariel, no fueron admitidas, o siguen en disputa judicial, como querellantes particulares. El argumento es estrictamente legal: no son herederas forzosas, una condición que el Código Penal exige para habilitar la querella.

La abogada Marina Romano, que representa a ambas mujeres, apeló la decisión ante la Cámara de Acusación. Sostiene que la interpretación es restrictiva y desconoce una concepción más amplia de familia, reconocida en fallos previos. “El dolor no se hereda por sangre ni por papeles. Las hermanas atraviesan una pérdida irreparable y quieren participar para saber la verdad y para que esto no vuelva a pasar”, planteó.

Para ellas, quedar fuera del expediente es una revictimización institucional. No buscan venganza, repiten, sino justicia con perspectiva de género.

Cabe recordar que Laurta, de nacionalidad uruguaya, permanece detenido en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Cruz del Eje. Está acusado no solo por el doble femicidio en Córdoba, sino también por el homicidio de Martín Palacios, un remisero asesinado en Entre Ríos durante su huida. Esa causa se tramita en otra jurisdicción.

Durante su indagatoria, habló sin responder preguntas sobre los hechos centrales. Hizo referencias a denuncias previas y a un pedido de restitución internacional de su hijo. Laurta es conocido como fundador de la organización misógina Varones Unidos, una agrupación de varones con discursos antifeministas, un dato que aparece en la investigación como parte del contexto.

Uno de los aspectos más sensibles y dolorosos del caso es la situación de P., el hijo de Luna Giardina y nieto de Mariel Zamudio, que al momento de los hechos tenía cinco años. Tras cometer el doble femicidio, Pablo Laurta sustrajo al niño y se lo llevó consigo, iniciando una huida que se extendió hasta la provincia de Entre Ríos. Durante ese trayecto, el imputado mantuvo al menor bajo su control, armado, exponiéndolo a una situación de riesgo extremo, tanto físico como emocional.

La investigación judicial incorporó el testimonio del taxista que trasladó a Laurta, quien relató haber mantenido una conversación con el acusado durante el viaje. Según consta en el expediente, en presencia del niño Laurta habría pronunciado una frase que hoy resuena con especial crudeza: “no vamos a ver a mamá por mucho tiempo”, una expresión que refuerza el cuadro de violencia psicológica ejercida también contra el niño.

El operativo de búsqueda concluyó, horas después del doble femicidio, en Gualeguaychú, donde personal policial logró detener a Laurta y rescatar al niño, poniendo fin a la sustracción. Desde entonces, P. quedó bajo guarda provisoria de un familiar con intervención de los organismos estatales de protección y acompañamiento psicológico.

La Defensoría Pública asumió su representación legal, se constituyó como querellante y promovió acciones civiles para resguardar sus derechos patrimoniales y simbólicos.

El expediente ahora se encamina al juicio oral, mientras se esperan definiciones clave de la Cámara de Apelación sobre la participación de las hermanas como querellantes. También continúan las investigaciones internas sobre posibles fallas estatales previas al crimen, señales que, según la familia, no fueron escuchadas a tiempo.

Mientras tanto, Luna y Mariel ya no están. Sus nombres siguen vivos en la lucha de quienes se niegan a que el proceso avance sin memoria, sin participación y sin todas las voces que el dolor reclama.