Detenido en Cruz del Eje, Laurta espera las pericias psiquiátricas por los femicidios que estremecieron a Córdoba
Según especialistas, el uruguayo, acusado de los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio, no actuó en un brote ni bajo locura: comprendía lo que hacía y es imputable. La violencia, en este caso, se combinó con una estructura de dominación y control.

Pablo Rodríguez Laurta no huyó. No gritó, no improvisó. Mató a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, en Córdoba. Luego tomó de la mano a su hijo de seis años y se marchó. Caminó por la vereda como si saliera a hacer un trámite, mientras el silencio se instalaba en la casa donde acababa de ocurrir el horror. Fue detenido al día siguiente en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos, cuando intentaba regresar a Uruguay.
Ante la pregunta social que conmovió desde el primer día, ¿es un enfermo o es imputable?, la licenciada Fabiana Boerr, psicóloga jurídica, advierte, ante Puntal y con rigor profesional: “No podemos evaluar desde la enfermedad lo que en muchos casos es conducta organizada. Cuando hablamos de estas estructuras de personalidad, no aparece de golpe una patología que explique todo; las huellas vienen de antes”. Boerr aclara que sus observaciones se basan en la información pública y en su experiencia pericial: “Una entrevista clínica amplia y el uso de instrumentos estandarizados son indispensables para establecer rasgos de personalidad; la pericia no es solo verificar comprensión criminal, es indagar la historia familiar, la infancia y la evolución psicológica”.
Esa perspectiva marca una diferencia clave: no reduce la violencia extrema a un brote puntual ni a un “estallido” imprevisible. Según la profesional, ciertos rasgos, ausencia de remordimiento, frialdad afectiva, posesividad y falta de empatía, no surgen repentinamente. “Todos los valores estructurales de la personalidad, subraya Boerr, no son de hoy. No es de hoy que alguien muestre un patrón antisocial o rasgos narcisistas; lo que cambia es que esos rasgos, en determinadas condiciones, facilitan la organización, la planificación y la ejecución de actos violentos”.
Boerr recuerda la importancia de valorar la peligrosidad más allá de la sola patología psiquiátrica: “La peligrosidad no es sinónimo de enfermedad mental. Hay una componente social, falta de empatía, posesividad externa, miedo a perder el control sobre la mujer y el hijo, que es un factor de riesgo real. Una personalidad antisocial no es algo que se cure con facilidad; es, además, una señal de alerta cuando hay antecedentes y persistencia en la conducta”.
La fiscalía de Entre Ríos coincidió en ese punto. Laurta estaba lúcido, orientado en tiempo y espacio, plenamente consciente de sus actos. No hubo brote ni pérdida de contacto con la realidad. Hubo planificación y dominio. Por eso, jurídicamente, es imputable.
Antes del doble femicidio, Luna Giardina había denunciado a Laurta por violencia de género. La Justicia le impuso una restricción de acercamiento que él violó reiteradas veces. En 2023, llegó incluso a esconderse bajo el tanque de agua de la casa familiar para vigilarla. Los antecedentes muestran un patrón claro: control, hostigamiento y persecución.
Tras la separación, Laurta inició un reclamo judicial para llevarse al hijo a Uruguay, alegando “alienación parental”. La Justicia rechazó el pedido. En redes sociales, comenzó a difundir mensajes en grupos de varones antifeministas y a victimizarse ante supuestos “abusos del sistema”. Según los especialistas, ese discurso, el del varón “padre perseguido”, es una de las formas más frecuentes de reconfiguración del machismo cuando el control sobre la mujer se ve amenazado.
El 7 de octubre de 2025, Laurta partió desde Entre Ríos. La investigación determinó que asesinó al remisero Martín Palacio, con quien viajaba, y robó su auto para continuar el trayecto hacia Córdoba. Una vez allí, entró en la casa de Mariel Zamudio y Luna Giardina, las mató de un disparo a cada una y escapó con el niño. Los cuerpos fueron hallados horas más tarde.
Según testigos, fue visto caminando con el hijo, tranquilo, en dirección a la terminal. Cuando finalmente fue detenido en Gualeguaychú, dijo: “Hice lo necesario para rescatar a mi hijo” y “estoy en paz porque ahora está seguro”. Las frases quedaron registradas en el expediente y reflejan la justificación que el acusado da a sus actos: la idea de “salvar” al niño, borrando a la madre.
El ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia, describió su conducta como “metódica, no impulsiva”. La fiscal entrerriana Daniela Montagnie confirmó que “entendía perfectamente lo que hacía”. En ambos crímenes, el de Córdoba y el de Entre Ríos, se lo acusa de homicidio criminis causae, figura que contempla prisión perpetua.
El acusado permanece detenido en el penal de Cruz del Eje, bajo vigilancia especial. En las audiencias preliminares no mostró signos de arrepentimiento. Los informes periciales descartan enfermedad mental: Laurta comprendía lo que hacía.
La mirada de Boerr también orienta la prevención: cuando hay denuncias persistentes y una escalada de control, violaciones de perimetral, vigilancia, intentos reiterados de llevarse al niño, esos indicadores deberían activar medidas integradas y pericias tempranas que no limiten la evaluación a la sola constatación de “comprende/no comprende”. “La pericia rigurosa permite determinar no sólo patologías, sino los componentes de la conducta: control de impulsos, capacidad de planificación, rasgos predominantes”, sintetiza.
En este caso, había denuncias, medidas de restricción y un historial de violencia. No fueron suficientes. La causa sigue su curso en varias jurisdicciones. Este múltiple crimen no habla solo de un femicida frío. Habla de una estructura que sigue repitiéndose: la del varón que cree tener derecho sobre la vida y la muerte de las mujeres que no lo obedecen. Una cultura que todavía confunde amor con posesión.